(Mérida, 24/04/2024).- El lunes 24 de abril de 2017 a Daniel Infante le desgraciaron la vida. Ese día, durante el «Plantón nacional contra la dictadura» convocado por la oposición venezolana, Daniel salió a la entrada de su edificio a conversar con vecinos que participaban en la protesta. En ese momento llegaron motorizados encapuchados y atacaron con armas de fuego. Daniel recibió un disparo en la cabeza cuya bala se alojó en el lado derecho de su cerebro, donde aún permanece, dejándolo inmóvil e incapaz de valerse por sí mismo.
El caso de Daniel Infante es uno de los cientos que constituyen graves violaciones de derechos humanos y que han sido documentados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) desde 2014, la mayoría de ellos en total impunidad. Solo en el contexto de protestas sociales antigubernamentales, el ODH-ULA registró ese año ocho asesinatos en la región andina del país. En 2017, la cifra de personas asesinadas en Mérida, Táchira y Trujillo el marco de las manifestaciones ciudadanas ascendió a 31. Dos años después, en 2019, al menos 11 personas perdieron la vida a manos de funcionarios de la fuerza pública en el estado Mérida.
El más reciente informe del ODH-ULA, titulado Impunidad ante graves violaciones de derechos humanos con especial referencia a la región andina de Venezuela, documenta casos registrados durante las protestas sociales de 2014 y 2017, así como la situación de Venezuela en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ante la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país, con énfasis en las evidencias que demuestran que el Estado venezolano no tiene capacidad estructural ni interés en investigarlos.
Represión contra las protestas sociales en 2014, 2017 y 2019
A menos de un año de asumir por primera vez el cargo de Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro empezó a mostrar cómo sería su política contra el descontento popular que crecía a la par de la emergencia humanitaria compleja que comenzaba a crearse y que aún atraviesa el país. Esa política ha sido la de reprimir, perseguir, detener arbitrariamente, encarcelar, torturar y asesinar a miles de personas por manifestarse en contra de su gobierno.
«Desde al menos el año 2014, Venezuela padece un desfavorable escenario en el que se violan masivamente los derechos humanos, directa o indirectamente, bajo la impunidad y una erosión considerable del espacio cívico y democrático llevada a cabo por el Ejecutivo Nacional», señala el más reciente informe del ODH-ULA.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), cuyos miembros fueron expulsados de Venezuela por el régimen de Maduro en febrero de este año, señalaron en un informe publicado en 2018 que entre julio de 2015 y marzo de 2017, funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado cometieron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles y degradantes contra opositores o disidentes.
«Se documenta que al menos 12.320 personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidas arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018 y que más de 7.000 fueron liberadas, pero bajo la condición de acatar una serie de medidas que restringían sus libertades», precisa el informe del ODH-ULA en referencia a los datos publicados por la Oacnudh.
Otras organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, han documentado y denunciado las graves violaciones de derechos humanos que se comenten en Venezuela a manos del Estado.
«La Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela en su primer informe de 2020 (A/HRC/45/33) concluye que, en el contexto de las protestas de 2014, 2017 y 2019, se configuraron los siguientes crímenes contra los derechos humanos: (i) Detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 403 personas, de las que 312 fueron acusadas de un delito penal durante la comparecencia inicial; (ii) Sometimiento de los manifestantes a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; (iii) Asesinatos de manifestantes por las fuerzas de seguridad del Estado, mediante un uso desproporcional y letal de la fuerza, así como la impunidad casi total en 165 asesinatos», refiere el informe del ODH-ULA.
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Casos en la región andina que pueden constituir crímenes de lesa humanidad
Desde su creación en 2014, el ODH-ULA ha documentado cientos de casos de graves violaciones de derechos humanos en la región andina del país, muchos de los cuales podrían incluirse en la jurisdicción de la CPI, según lo estipulado en el artículo 7 del Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. Los registros de este observatorio determinan la presunta comisión de al menos cuatro tipos de estos crímenes: ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias; torturas, malos tratos y otros actos que afectan gravemente la integridad personal; y discriminación y persecución por motivos políticos.
El asesinato de German Alfredo Cohen, estudiante de Derecho en la Universidad de Los Andes, puede constituir una ejecución extrajudicial. Testigos del hecho identificaron, por su indumentaria, a un funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado como autor material del crimen. Cohen recibió cuatro disparos el 23 de enero de 2019, cuando se encontraba en una marcha convocada por la oposición. Ese mismo año, el 8 de junio, Wuilderman Paredes también fue asesinado en Mérida por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante una protesta por falta de gasolina; dos de sus primos resultaron heridos en el mismo ataque policial, que fue ordenado por el jefe estadal de la PNB.
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En cuanto a detenciones arbitrarias, el ODH-ULA ha documentado y asistido legalmente a víctimas de este crimen en Mérida, quienes también padecieron torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muchas de estas detenciones respondieron al patrón de persecución y represión contra las protestas sociales de 2014 y 2017, entre las que destacan los llamados «casos guarimba», nombre despectivo dado por los propios funcionarios del sistema de justicia del estado Mérida. Erickvaldo Márquez, Daniel Parra, Steven García, Walter Mayorga y Marller González fueron las víctimas de esos casos, quienes permanecieron injustamente en prisión entre 4 y hasta más de 6 años.
La discriminación y persecución por motivos políticos también ha ocurrido en la región andina del país. «Entre agosto y noviembre de 2017, el fiscal Tarek William Saab, sin debido proceso y sin cumplir con los estándares internacionales en la materia, destituyó a fiscales del Ministerio Público de todo el país que habían manifestado su desacuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En el estado Mérida fueron removidos de sus cargos por motivos políticos 25 fiscales», indica el informe del ODH-ULA.
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Importancia de la investigación de la Fiscalía de la CPI en Venezuela
Pese a los intentos del régimen venezolano para suspender la investigación de la Fiscalía de la CPI en el país, el 1º de marzo de 2024 la Sala de Apelaciones de esta instancia, mediante sentencia número ICC02/18 OA, decidió por unanimidad confirmar la decisión tomada por la Sala de Cuestiones Preliminares en julio de 2023, sobre la continuidad de la investigación.
En su más reciente informe, el ODH-ULA demuestra con evidencias que el Estado venezolano no tiene genuino interés ni capacidad estructural para investigar por su cuenta los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país, la mayoría de ellos a manos de funcionarios que siguen ocupando cargos en la administración pública del país.
«Las causas que generaron los terribles crímenes contra los derechos humanos siguen presentes, porque el Estado es incapaz de llevar a cabo investigaciones. Una de las más importantes condiciones para realizar investigaciones independientes y transparentes, se refiere a la institucionalidad del sistema de justicia que, en contraste, actualmente está deteriorado por no contar con un poder judicial y Ministerio Público que sean independientes y cuyo desempeño sea conforme con los estándares internacionales mínimos en derechos humanos», refiere el informe del ODH-ULA.
