Resumen Ejecutivo
El presente informe da cuenta de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Mérida-Venezuela, durante el año 2017, con énfasis en las violaciones a los derechos civiles y políticos ocurridas durante los meses de abril a julio, en el marco de las protestas ciudadanas. Incluye asimismo secciones dedicadas al derecho a la salud y el derecho a la educación superior en la región andina.
El documento está dividido en cinco partes. La primera parte contempla la violación a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones pacíficas proporcionando cifras de asesinados, heridos y detenidos arbitrariamente, así como casos de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes. Se ha destinado una sección específica para exponer un patrón de represión inédito en Venezuela como lo fue el de disparar a los ojos de manifestantes con balines de plomo y municiones modificadas.
La segunda parte se dedica a los ataques sistemáticos e indiscriminados a la población civil en sus viviendas, así como a los allanamientos ilegales. Incluimos una sección para exponer el acoso sufrido por los habitantes del Valle de Mocotíes, zona donde se produjeron múltiples protestas y consiguiente represión, especialmente el 30 de julio, día de la instalación de la ilegal ANC tras el arribo, el 29 de julio, de contingentes de la Policía Nacional Bolivariana y de Fuerzas de Acciones Especiales procedentes de Caracas.
En la tercera parte nos ocupamos de las violaciones al derecho de educación superior y las restricciones a la autonomía universitaria y la libertad académica, con casos de universitarios detenidos por expresar su opinión o ejercer su derecho de manifestación pacífica, aplicación indebida de la justicia militar, discriminaciones en la esfera de la enseñanza fundada en razones políticas, e interferencia del poder judicial en la autonomía académica y organizativa.
La cuarta parte expone patrones de violaciones a los derechos humanos después de instalada la espuria ANC, incluyendo detenciones ilegales, extorsión policial, cierre de medios de comunicación y prácticas discriminatorias como despidos masivos a fiscales del Ministerio Público en Mérida.
En quinto lugar, visibilizamos aspectos de la grave crisis de salud en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA) con énfasis en la situación de deterioro de los servicios de neonatología, oftalmología y cirugía general, y la carencia de equipos, medicinas e insumos.
Finalmente concluimos identificando las violaciones al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; al debido proceso; a la libertad de expresión y manifestación; a la inviolabilidad del hogar, la autonomía universitaria y la libertad académica en relación con las normas nacionales e instrumentos internacionales que protegen estos derechos. La profunda erosión de las instituciones democráticas, por otra parte está en la raíz del carácter fallido del Estado, que es incapaz de satisfacer los derechos sociales de salud y educación.
Como recomendaciones al Estado hemos incluido el respetar los principios de rango constitucional que consagran la vida, la libertad, la justicia, la democracia, el sometimiento a la ley, la separación de los poderes; enmarcar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado a las disposiciones legales y estándares internacionales que prescriben el uso progresivo y diferenciado de la fuerza; excluir de manera determinante a grupos paralelos armados que actúan con el aval o en colaboración con los cuerpos estatales; garantizar el acceso a una justicia autónoma e independiente; cesar la política sistemática de restricción a la autonomía universitaria y libertad académica; respetar la libertad de expresión como base de la democracia incluyendo los derechos de asociación y manifestación pacífica.
Asimismo elevamos las exigencias al Ministerio Público del estado de abrir las investigaciones a que haya lugar y determinar las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos expuestas en este informe, cumpliendo con el deber de reparar a las víctimas. A la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría delegada del Estado Mérida les exigimos cumplir con sus atribuciones establecidas en la Constitución para la protección de los derechos humanos de manera imparcial y objetiva. Exigimos al Ministerio Público del estado atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos que cursan ante su despacho.
