(Mérida, 10/09/2023).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha registrado, en lo que va de año, 43 suicidios y 28 intentos de suicidios en la región andina de Venezuela. Estas cifras muestran que, en promedio, cada cuatro días una persona se suicida o lo intenta en Mérida, Táchira o Trujillo.
El equipo de monitoreo del ODH-ULA registra los casos de suicidios e intentos de suicidio que publican en redes sociales y páginas web periodistas, medios de comunicación y, en menor medida, cuerpos de seguridad de la región, debido a la ausencia de datos públicos. La falta de información pública impide contar con estadísticas oficiales, situación que genera márgenes de error y diferencias en los registros que hacen distintas organizaciones no gubernamentales.
Según datos recabados por este observatorio, el estado con mayor cantidad de casos, tanto de suicidios como de intentos, es Mérida. Entre el primero de enero y este 10 de septiembre, 77 % (33 casos) de los suicidios registrados por el ODH-ULA en la región andina ocurrieron en el estado Mérida, 16 % (7 casos) en el estado Trujillo y 7 % (3 casos) en el estado Táchira. En cuanto a los casos de intentos de suicidios, 89 % (25 casos) se registraron en Mérida, 7 % (2 casos) en Táchira y 4 % (1 caso) en Trujillo.
Comparativamente, los suicidios han aumentado en Mérida con relación al año pasado. Entre enero y octubre de 2022, el ODH-ULA registró 27 suicidios en este estado, seis menos de los documentados hasta este 10 de septiembre. Asimismo, en los primeros 10 meses del año pasado este observatorio registró un solo intento de suicidio en Mérida, mientras que este año suma 25 intentos, algunos de ellos reiterados por una misma persona.
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Factores socioeconómicos constituyen riesgos para el aumento del suicidio
Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) muestran que desde el año 2000 el suicidio aumenta en países de América, mientras disminuye en el resto del mundo. En Venezuela, el Estado dejó de publicar el Anuario de Mortalidad en 2014. Siete años después, en 2021, publicó el de 2016, que es el más reciente. Esta opacidad informativa impide calcular tasas precisas de suicidio en el país.
Matías Irarrázaval, asesor regional en salud mental de la OPS, aseguró a DW este año que “no existe una causa única que pueda explicar las tasas crecientes, sino que, más bien, existe una combinación de factores individuales, sociales y culturales”. Dentro de los factores socioeconómicos señaló el desempleo, la pobreza y la falta de acceso a atención médica.
Además de la pérdida o falta de trabajo, la escasez de recursos económicos y la poca o nula atención médica, la OPS suma como factores de riesgo el ser víctima de algún tipo de abuso, vivir experiencias traumáticas, padecer trastornos mentales y/o consumir estupefacientes.
Aunado a dichos factores, la pandemia de COVID-19 impactó en el aumento de suicidios en el mundo al alterar el funcionamiento de los servicios esenciales de salud mental, situación que incrementó la prevalencia de enfermedades mentales. “Otras emergencias humanitarias, incluida la migración, agravada por la crisis climática global, también representan una amenaza importante para la salud mental”, precisa la organización.
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El suicidio es prevenible si hay condiciones para ejercer acciones
Este 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto como tema “Crear esperanza a través de la acción”. Al respecto, países donde las tasas de suicidio aumentan han implementado acciones para atender la salud mental de su población, situación que no ocurre en Venezuela.
La OPS explica cuáles son las acciones de prevención que deben priorizarse: “el desarrollo de capacidades de los proveedores de atención médica y otros actores relevantes, mensajes positivos e informativos dirigidos a la población general y grupos en riesgo como los jóvenes, y facilitando un debate abierto sobre salud mental en el hogar, la escuela y el lugar de trabajo”.
Por su parte, un estudio sobre factores contextuales asociados al suicidio en las Américas entre 2000 y 2019, que se publicó en febrero de este año en la revista científica The Lancet, encontró, entre otros factores, que la tasa media de mortalidad por suicidio a nivel nacional entre los hombres de la región disminuyó a medida que aumentó el gasto per cápita en salud, mientras que entre las mujeres se redujo a medida que aumentó el número de médicos empleados por cada 10.000 habitantes.
“Los hallazgos del estudio sugieren que aumentar los programas y servicios de empleo, el acceso y la capacidad de los servicios de salud, incluidos los servicios de tratamiento para el uso de sustancias, por nombrar algunos, puede tener el potencial de reducir las tasas de mortalidad por suicidio en el país respectivo”, concluye el estudio.
Prevención del suicidio es responsabilidad del Estado
En su Observación general núm. 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que “si bien reconoce la importancia capital para la dignidad humana de la autonomía personal, (…) considera que los Estados partes deben reconocer que las personas que planifican o intentan suicidarse pueden verse llevadas a ello debido a una crisis momentánea que puede afectar a su capacidad para tomar decisiones irreversibles, como poner fin a su vida. Por tanto, los Estados deben adoptar medidas adecuadas, sin incumplir sus otras obligaciones derivadas del Pacto, para prevenir los suicidios, especialmente entre las personas que se encuentran en situaciones particularmente vulnerables”.
El ODH-ULA exhorta a las autoridades competentes a atender de forma urgente y prioritaria los factores que constituyen riesgos para el aumento del suicidio en la región andina y en todo el país. Esto implica el desarrollo de políticas públicas que atiendan las múltiples causas que deterioran la salud mental de la población, lo que requiere de verdadera voluntad política para tomar acciones que permitan a Venezuela superar la emergencia humanitaria compleja que atraviesa.
