Sistema de salud pública en Mérida carece de insumos, equipos, mantenimiento y suficiente personal

Imágenes tomadas por el equipo del ODH-ULA en octubre de 2023 dentro de las instalaciones del IAHULA

(Mérida, 22/12/2023).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) elaboró un informe sobre el estado del sistema público de salud en Mérida, con énfasis en las condiciones de trabajo, infraestructura y funcionamiento del principal centro asistencial de la entidad, el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA).

A través de entrevistas realizadas en octubre pasado a 23 trabajadores de la salud adscritos al IAHULA, se pudo conocer la situación actual de este hospital que recibe pacientes de todo el estado Mérida, así como de Táchira, Trujillo, Zulia, Barinas y Apure. Los nombres de la mayoría de los entrevistados se omiten por el temor de los mismos a ser víctimas de represalias por sus denuncias.

Durante el primer semestre de este año, el ODH-ULA registró cerca de 240 protestas de trabajadores públicos en Mérida, Táchira y Trujillo, cuyo objetivo principal era exigir mejoras salariales y contractuales. Uno de los sectores más afectados ha sido el de los trabajadores de la salud. “La mayor parte de las protestas del personal de la salud dirige sus exigencias al salario y al equipamiento de los hospitales”, indica el informe.

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Insumos artesanales por falta de los adecuados

Pese a los anuncios gubernamentales de entregas de insumos médicos y hospitalarios al IAHULA —cada vez más politizadas y centralizadas—, estos son insuficientes. La carencia de recursos indispensables para la atención de pacientes obliga a sus familiares a costearlos. Otras veces son los médicos quienes contribuyen con su dinero a adquirirlos y, en ocasiones, suplen instrumentos con elaboraciones artesanales, cuyo uso pone en riesgo la salud de los pacientes.

“Los médicos residentes en su gran mayoría (70%) coinciden en que no cuentan con las herramientas necesarias para desempeñar su labor como personal de la salud. Otros (30%) manifestaron poseer lo mínimo para la atención de sus pacientes, mientras que ninguno manifestó tener completamente sus herramientas para brindar una atención debida”, precisa el informe del ODH-ULA.

Esta escasez de insumos llevó a que en abril de este año, parte del personal sanitario del IAHULA se viera en la necesidad de elaborar drenajes de tórax artesanales con botellas de agua de uso comercial. Pese a las precauciones de higiene y seguridad tomadas por los médicos, estos materiales no estériles hubiesen podido causar infecciones en los pacientes.

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Gastos de familiares y médicos para suplir carencias

Debido a la falta de insumos médicos y hospitalarios suficientes para todos los pacientes, el costo para adquirirlos recae sobre familiares y en los propios médicos. De acuerdo con testimonios recibidos por el ODH-ULA, familiares de pacientes gastan hasta 5000% de sus ingresos mensuales en la compra de medicamentos, catéteres e incluso el agua potable que no hay en el hospital. Refieren que el mayor gasto lo hacen en exámenes médicos de laboratorio que tampoco ofrece el IAHULA.

“Miembros del personal de salud del IAHULA, especialmente los médicos residentes, han tenido que recurrir a los recursos de su propio peculio para poder brindar una atención médica a los pacientes. Así, de los 23 miembros del personal de salud de dicha institución, 21 (91%) señalaron que directa o indirectamente habrían tenido que poner recursos de su propio peculio para atender a los pacientes, debido a la falta de insumos y medicamentos”, señala el informe del ODH-ULA.

El financiamiento del sistema público de salud en Venezuela es obligación del Estado, según lo establecido en el artículo 85 de la Constitución nacional. Sin embargo, la opacidad gubernamental —intensificada a partir de 2015, cuando el régimen dejó de presentar presupuestos y memorias y cuentas ante la Asamblea Nacional— impide que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil conozcan cuánto dinero del presupuesto nacional se invierte en salud pública.

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Falta de equipos y presupuesto para mantenimiento

Si bien el 2 de junio de 2023 se instaló en el IAHULA un nuevo tomógrafo de alta gama —equipo que no estaba en funcionamiento en este hospital desde 2014—, el gobierno no ha informado acerca del presupuesto que destinará para su mantenimiento, a fin de evitar que se deteriore como el tomógrafo anterior.

Akbar Fuenmayor, médico y presidente de la Sociedad de Médicos del IAHULA, informó al ODH-ULA que al menos el 70% de los equipos médicos que tiene este hospital están inoperativos por falta de mantenimiento y reparación. En su mayoría son equipos adquiridos hace más de 20 años, para los que no ha habido una partida presupuestaria específica para su mantenimiento preventivo y correctivo a largo plazo.

Por su parte Estrella Uzcátegui, médica adjunta al servicio de cirugía general del IAHULA y exdirectora de este hospital, destacó que en este centro asistencial hacen falta al menos un mamógrafo, un resonador y un acelerador lineal para las quimioterapias o para radioterapias, en referencia a equipos médicos de alta gama.

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Aumentan renuncias de personal sanitario

De acuerdo con información suministrada por Uzcátegui al ODH-ULA, al cierre del mes de octubre de 2023 trabajaban en el IAHULA alrededor de 12 enfermeras instrumentistas, cuando se necesitan al menos 50 en este hospital. La escasez de personal de enfermería ha obligado el cierre de algunas especialidades en este centro asistencial.

Estrella Uzcátegui también precisó que, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cinco especialistas de cirugía general renunciaron al IAHULA, mientras que dos cirujanos vasculares hicieron lo propio antes de octubre de este año, quedando un solo especialista de este tipo para todo el hospital. “La ausencia de trabajadores de la salud ha obligado a que, personal jubilado, tenga que reincorporarse al hospital para mantenerlo mínimamente operativo. La gran mayoría de las especialidades están trabajando con menos de la mitad del personal que corresponde”, señala el informe del ODH-ULA.

Akbar Fuenmayor, por su parte, informó a este observatorio que todas las áreas de la salud que cubre el IAHULA tienen déficit de personal. Ya para el año 2020, el déficit representaba 45% de la plantilla total, es decir, casi la mitad. Las áreas más afectadas son las de enfermería e historias médicas, detalló el médico.

Las renuncias masivas del personal sanitario en Mérida no solo ocurren en el IAHULA. Kevin Villamizar, presidente del Colegio de Licenciados en Enfermería del estado Mérida, denunció en junio de este año que 60% de enfermeros y enfermeras han renunciado a sus puestos de trabajo en la salud pública de toda la entidad. “El otro 20% se marchó a continuar estudios de posgrado y el 20% restante está ingresando al sistema público nacional de salud, que no les brinda ningún seguro ni otros beneficios”, denunció Villamizar al medio digital Comunicación Continua.

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Robos al IAHULA y su personal por falta de seguridad

Además de recibir salarios de miseria, médicos y enfermeros del IAHULA han sido víctimas del hampa ante la falta de personal de seguridad en el lugar. Durante el primer semestre de 2023 ocurrieron cerca de 20 robos o hurtos, solamente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), indicó Fuenmayor.

“En el mes de junio se reportó un hurto en el piso 7 del IAHULA. La médica residente del Postgrado de Nutrición Clínica, Yennifer Araque, denunció que los objetos hurtados fueron una cartera, un plicómetro marca Holtein, un dinamómetro marca Camry, un morral con todas sus pertenencias y documentos de identificación, así como una báscula de baño marca Dynamics”, detalla el informe del ODH-ULA.

Los hallazgos del más reciente informe del ODH-ULA evidencian que el gobierno venezolano incumple su obligación de garantizar el derecho humano a la salud y a la vida, violando los artículos 83 y 85 de la Constitución nacional. Asimismo, al asfixiar presupuestariamente a las universidades y los centros de investigación científica nacionales, el régimen impide el desarrollo de una política de formación de profesionales sanitarios y una industria nacional de producción de insumos para la salud, como lo ordena el precepto constitucional.