(Mérida, 03/01/2025).- En 2024 el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) cumplió su primera década de existencia. Creado por decreto del Consejo Universitario el 17 de marzo de 2014, esta dependencia de la ULA es la única en su tipo adscrita a una universidad pública de Venezuela.
Pese a la falta de presupuesto universitario, el aumento de la represión y de las limitaciones al trabajo de defensores de derechos humanos en el país, el ODH-ULA no cesó sus labores de documentación, atención y formación durante 2024, a través de sus equipos de investigación, asistencia legal y comunicaciones.
Mediante informes temáticos, reportes mensuales, boletines semanales, programas de radio, notas de prensa, comunicados y publicaciones en redes sociales, el ODH-ULA dio cuenta de una labor que se hace sumamente necesaria en el actual contexto nacional.
Situación de las universidades venezolanas en 2024
Cada mes, el ODH-ULA publica en su sitio web un reporte sobre la situación de las universidades en Venezuela. En este se incluyen registros de denuncias, acciones y declaraciones públicas que violan la autonomía universitaria, restringen el presupuesto de las universidades y vulneran los derechos de estudiantes, trabajadores y profesores.
Los reportes mensuales también documentan protestas y reclamos de la comunidad universitaria, detenciones y persecuciones por motivos políticos contra universitarios y actividades de promoción y defensa de derechos humanos que tienen lugar en las universidades.
Una de las mayores violaciones a la autonomía universitaria cometida en 2024 fue la suspensión de elecciones internas en la ULA para renovar sus autoridades, ordenada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y publicada el 20 de marzo mediante sentencia nro. 015.
Esa acción vulneró lo establecido en el artículo 26, numeral 17, de la Ley de Universidades, que contempla entre las atribuciones del Consejo Universitario la de «reglamentar las elecciones universitarias de conformidad con esta ley y su reglamento, y nombrar la Comisión que organizará dicho proceso». También constituye una violación de la Declaración sobre Libertad Académica y Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria.
En materia presupuestaria, durante todo el año el ODH-ULA registró 205 denuncias y acciones relacionadas con la asfixia económica que padecen las universidades públicas del país desde 2008. Estos casos constituyen a su vez violaciones de la autonomía financiera consagrada en la Constitución nacional y la Ley de Universidades, así como de los derechos humanos de estudiantes, trabajadores y profesores.
En cuanto a la persecución política contra universitarios, el ODH-ULA documentó las detenciones arbitrarias de al menos 45 estudiantes y profesores tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Aunque la mayoría de ellos fueron excarcelados, ninguno goza de libertad plena por la imposición de medidas cautelares injustas.
Sin embargo, pese al deterioro de las universidades venezolanas por políticas, acciones e inacciones del Estado, durante 2024 hubo avances en materia de derechos humanos dentro de algunas instituciones de educación superior. Entre estos destaca la aprobación de sendos reglamentos internos para combatir la violencia basada en género en la ULA y la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Informes sobre el derecho a la cultura, la justicia y la participación política
El ODH-ULA publicó tres informes temáticos durante 2024. El primero de ellos, titulado El derecho a participar en la vida cultural en Venezuela. Con especial referencia a la situación del estado Mérida, presenta las distintas violaciones del derecho a la cultura causadas por la falta de inversión y mantenimiento a los espacios culturales de la región, la politización de la cultura por parte del Estado y el ataque contra artistas y hacedores culturales por motivos políticos.
En abril se publicó el segundo informe, titulado Impunidad ante graves violaciones de derechos humanos, con especial referencia a la región andina de Venezuela. Aquí se documentan las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas sociales de 2014 y 2017, especialmente en la región andina, así como la importancia de la investigación sobre Venezuela que realiza la Corte Penal Internacional (CPI), ante la falta de acciones reales y efectivas por parte del Estado venezolano para combatir la impunidad.
Tras dos meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el ODH-ULA publicó su tercer informe temático: Violaciones al derecho de participación política en Venezuela con especial referencia a la región andina. En este documento se recogen los casos de persecución política y restricciones a la participación política registrados en Mérida, Táchira y Trujillo antes, durante y después de los comicios.
Además de estos informes, el ODH-ULA también participó en la elaboración de cuatro informes temáticos liderados por la Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes (ULA Mujer) en 2024. Estos documentos abordaron temas relacionados con la violencia vicaria contra las mujeres, la situación de las mujeres rurales en la región andina de Venezuela, la violencia contra las mujeres por razones de género en medios digitales y los casos de violencia basada en género registrados entre enero y septiembre en los estados andinos.
Acompañamiento y asistencia legal a víctimas de violaciones de derechos humanos
Por primera vez en 10 años de existencia, el equipo legal del ODH-ULA no pudo asistir formalmente a presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, debido al impedimento del Estado venezolano a permitir una defensa privada.
Sin embargo, este observatorio no dejó de brindar orientación y apoyo a familiares y víctimas de la represión postelectoral, a través de asesoría legal, intermediación ante organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones nacionales que les brindaron apoyo económico y asistencia psicológica.
Fuera del contexto electoral, el equipo legal del ODH-ULA continuó representando jurídicamente a otras víctimas de violaciones de derechos humanos en el estado Mérida. Una de ellas es Naibelys Noel, sentenciada a 30 años de cárcel por el infanticidio de su hijo cometido por su expareja, quien también la agredía a ella con múltiples formas de violencia basada en género, incluida la violencia vicaria perpetrada con el asesinato del niño.
Formación en derechos humanos y participación en actividades académicas
Durante 2024, el ODH-ULA coordinó junto con ULA Mujer la realización de siete talleres sobre derechos humanos de las mujeres; violencia basada en género, medios digitales y autocuidado; capacitación integral sobre la prevención de la violencia a través de medios digitales; y formación para identificar y combatir los estereotipos de género. En todas estas capacitaciones, realizadas en distintas zonas del estado Mérida, participaron un total de 220 personas, en su mayoría mujeres.
Otra forma de educación y promoción de derechos humanos utilizada por el ODH-ULA en 2024 fue la realización de dos cineforos, a los que asistieron un total de 69 personas. Las producciones proyectadas fueron la película venezolana Simón, ganadora del Festival del Cine Venezolano en 2023, y el documental sobre el líder político de oposición ruso Alexei Navalny, fallecido en prisión el año pasado.
A finales de noviembre, la directora del ODH-ULA y la coordinadora de ULA Mujer participaron como ponentes en la III Conferencia de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CAFA-CLAA), que se llevó a cabo en la Universidad de Notre Dame de Washington DC, Estados Unidos. Los temas abordados por ambas fueron la suspensión de elecciones universitarias en Venezuela y la situación de las universidades venezolanas ante la violencia de género y la discriminación, respectivamente.
El trabajo que hace el ODH-ULA en la región andina de Venezuela, aquí resumido, constituye un importante aporte para el registro y la documentación sobre la situación de los derechos humanos en el país. Este a su vez es útil para la labor que deben hacer instituciones estatales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil en aras de restablecer el Estado de derecho en Venezuela y combatir la injusticia y la impunidad.
Este 2025, el ODH-ULA espera poder continuar con su labor de defensa, promoción y educación en derechos humanos como dependencia de la Universidad de Los Andes, exhortando a las autoridades venezolanas a proteger y garantizar los derechos constitucionales a la educación gratuita y de calidad, así como el derecho al trabajo y la autonomía universitaria.
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