(Mérida, 27/02/2024).- El 27 de febrero de 2015 los familiares de Alcedo Mora Márquez lo vieron por última vez. Entre ese día y el 2 de marzo siguiente también desaparecieron los hermanos colombianos Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado, amigos de Mora. En 2016 la ONG Provea presentó estos casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los expuso en el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada. Sin embargo, en 2020 el Comité dictaminó que no había suficientes evidencias de responsabilidad del Estado venezolano en estas desapariciones.
La desaparición forzada es uno de los 11 tipos de crímenes de lesa humanidad que establece el Estatuto de Roma en su artículo 7. Entre los años 2000 y 2021, Provea registró 211 víctimas de desaparición forzada en Venezuela, entre las que se cuentan las de Alcedo Mora y los hermanos Vergel. Estos casos podrían formar parte de la investigación que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) adelantaba en el país, sobre cuya reanudación decidirá la Sala de Apelaciones de este organismo este viernes 1º de marzo, cuando anuncie su dictamen sobre el recurso introducido por el Estado venezolano para suspenderla.
La Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que estas ocurren cuando «se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento».
Leer más: Este #27Feb se cumplen 8 años de las desapariciones forzadas de Alcedo Mora y los hermanos Vergel
Estado venezolano arrecia persecución contra disidentes
Sobre el caso de Alcedo Mora y los hermanos Vergel no se pronuncian los funcionarios competentes del Estado venezolano desde 2018. Lejos de procurar hacer justicia en este y todos los casos de violaciones de derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, el régimen de Nicolás Maduro ha arreciado este año su autoritarismo y sus mecanismos represivos contra quienes se le oponen o critican.
La reciente expulsión de la oficina técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que funcionaba en el país desde 2019, es una muestra de la falta de voluntad política del régimen de Maduro para hacer justicia en Venezuela, así como las reiteradas detenciones arbitrarias cometidas este año por funcionarios policiales y militares en distintas partes del país, en muchas de las cuales también hubo desapariciones forzadas.
En este noveno año de la desaparición forzada de Alcedo Mora, familiares y allegados emitieron un pronunciamiento donde responsabilizan al Estado venezolano del caso. «Hacemos responsable en nuestro comunicado oficial que el responsable (sic) directo fue el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)… Hay que precisar que Alcedo Mora “Batería” denunció en los medios de comunicación de Mérida la presencia de paramilitares colombianos y el tráfico de gasolina de Pdvsa El Vigía en complicidad entre altos mandos militares de los estados andinos y funcionarios de Pdvsa con paramilitares colombianos», dice el escrito publicado este martes por Provea.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyo equipo legal asistió a los familiares de Alcedo Mora durante los primeros meses de su desaparición, exhorta una vez más al Estado venezolano a continuar las investigaciones sobre este caso con el fin de hacer justicia y castigar legalmente a los responsables para evitar la impunidad.
Leer más: Las desapariciones forzadas de Alcedo Mora y los hermanos Vergel continúan impunes
