Del 05 al 11 de febrero del 2024.

Falta de docentes acarrea el cierre de instituciones educativas en la región andina

Mas de 100 estudiantes de primaria y bachillerato han sido afectados con el cierre de la unidad educativa ubicada en Llano Grande, municipio Pueblo Llano del estado Mérida.

El pasado 6 de enero representantes y estudiantes de la mencionada institución educativa informaron, a través de la emisora Neblina Stereo 105.5 fm, que cerraron la escuela y el liceo ubicado en la mencionada región, en protesta por la falta de profesores y personal de apoyo.

En Táchira tampoco cuentan con docentes

Mediante un comunicado estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz, ubicada en el municipio La Fría, del estado Táchira, manifestaron su preocupación frente a diversos problemas que aquejan a la institución, entre ellos la falta de docentes en todos los programas de formación, que la tienen paralizada académicamente.

En relación con este problema Gricelda Sánchez, presidenta de la ONG Formación Venezolana para la Dirigencia Sindical (Foridisi), denunció que al menos 200.000 docentes abandonaron las aulas durante el 2023.

Por su parte el presidente de la ONG Asamblea de Educación y profesor universitario, Tulio Ramírez, dijo recientemente que “no sólo no hay docentes preparados en las aulas, sino que no hay generación de relevo. Hacer que los docentes retornen a las aulas es difícil con estos niveles de salario”.

El ODH-ULA exhorta al gobierno venezolano a atender el reclamo de los docentes venezolanos en cuanto a la exigencia de salarios dignos y evitar una mayor deserción de las aulas de clases que lleve a que más instituciones cierren sus puertas, con lo cual se viola el derecho humano a la educación, establecido en el artículo 102 constitucional.

Persisten los cortes y altibajos eléctricos en la región andina

Los cortes y altibajos eléctricos continúan afectando a los habitantes de los estados Mérida, Táchira y Trujillo a pesar de haberse hecho público un cronograma de cortes que en muchos sectores no se respeta, según denuncias de las personas afectadas.

En ese contexto, en el estado Trujillo, habitantes de la parroquia La Mesa de Esnujaque, municipio Urdaneta, denunciaron que las interrupciones por fallas técnicas del servicio eléctrico sumadas acumulan ya 17 horas en días pasados.

Manifestaron los afectados que sufren constantes variaciones de voltaje, cuando el Estado puede garantizar un buen servicio eléctrico si se aboca a remplazar los transformadores y líneas eléctricas, las cuales están en franco deterioro.

Yajaira Homez, representante del Comité de Usuarios Públicos del barrio Puerta del Sol, sector La Ermita, San Cristóbal, contó que en una mayoría de las comunidades del estado Táchira pasan días sin agua potable y largas horas sin energía eléctrica”.

En el estado Mérida, habitantes de varias comunidades denunciaron cortes del servicio varias veces al día, con prolongación de hasta 3 horas cada corte. Hubo municipios del páramo merideño que en la primera semana de febrero pasaron hasta 19 horas sin la electricidad.

El artículo 117 de la CRBV, establece el derecho de toda persona a disponer de bienes y servicios de calidad. Este derecho es fundamental para que cada persona pueda acceder a un nivel de vida adecuado, consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

Ganaderos y agricultores de El Vigía piden al gobierno atender problemas del sector

Productores de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Alberto Adriani (Asodegaa), en El Vigía, solicitaron a José Aguilera, viceministro de Producción Integral Pecuaria, abordar el tema del combustible tipo gasoil, para surtirlo a través de las asociaciones ganaderas, y de igual forma la gasolina industrial para el sector agropecuario.

Edgar Uzcátegui, presidente de la Asodegaa, dijo que las asociaciones ganaderas instaron al Ministerio de Agricultura y Tierra a elaborar un catastro de las unidades animales en el país para tener un registro y comparar los ciclos de vacunación de manera correcta.

Desde el ODH-ULA acompañamos todas estas peticiones del sector productor de Mérida, el Sur del Lago y de todo el país, pues con ello, además del derecho al trabajo, estipulado en nuestra Carta Magna, en su artículo 87, también se estaría garantizando el derecho a la alimentación de todos los venezolanos, establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ULA Trujillo no recibió ni una cuarta parte del presupuesto aprobado en el 2023

Gregoria Segovia, administradora del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes en Trujillo, dijo que si bien el presupuesto asignado

para gastos de funcionamiento para ese núcleo fue de Bs. 504.703,00, sin embargo, al hacer un balance de lo recibido el año pasado, el aporte total que ingresó fue de apenas Bs. 112.440,10, lo que constituye apenas 22, 28% de lo aprobado.

Dijo Segovia que para poder mantener la institución abierta han tenido que implementar en los últimos tiempos diversas estrategias debido a que los recursos recibidos de parte del Ejecutivo Nacional no se corresponden con lo aprobado por este.

Entre las estrategias para obtener ingresos extras, mencionó la generación de recursos propios por medio de la realización de trámites de documentos académicos, así como la obtención de recursos por concepto de aranceles de Grado, los cuales permitieron obtener unos 133.541,96 Bs., que, como puede verse, fue incluso un monto superior al recibido por parte del gobierno.

Desde el ODH-ULA queremos recordar al gobierno nacional que es deber del Estado garantizar el correcto y óptimo funcionamiento de las universidades públicas del país, tal como está estipulado en el artículo 13 de la Ley de Universidades y en otros instrumentos normativos de la nación, como por ejemplo la Ley Orgánica de Educación, en su artículo primero.

Núcleo Universitario Rafael Rangel Trujillo


Boletín Andino de Derechos Humanos Nº 228