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Centros universitarios de derechos humanos y movimientos estudiantiles en Venezuela expresamos nuestra preocupación y rechazo ante la persecución política de estudiantes tras la confiscación de la Universidad Centroamericana, en Nicaragua.
Movimientos universitarios denunciaron que la dirigente estudiantil Adela Espinoza Tercero, de la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), y Gabriela Morales, de la confiscada Universidad Juan Pablo II, fueron detenidas el sábado 19 de agosto de 2023 por la Policía del régimen de Daniel Ortega. Espinoza Tercero, madre de dos niños, egresada de la carrera de Comunicación Social, fue «secuestrada por la Policía orteguista en su casa de habitación» en Managua. La joven es una dirigente estudiantil desde 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen. Morales, también estudiante de la UCA, fue detenida en el campus de la Universidad mientras participaba en una manifestación en contra del cierre de la institución.
La detención de ambas estudiantes se da después del cierre de la Universidad Centroamericana por parte del gobierno de Daniel Ortega el pasado 15 de agosto, cuando el Juzgado Décimo de Audiencias Penal de Distrito de Managua emitió orden de incautación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA), incluidos inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera proveniente de cuentas bancarias congeladas, y productos financieros en moneda nacional o extranjera.
El régimen de Daniel Ortega acusó a la UCA de haber «traicionado la confianza del pueblo nicaragüense» y de haber «transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y la normativa que rige las instituciones de educación superior en el país». La UCA denunció esta medida como un ataque a la democracia, que erosiona profundamente el derecho a la educación superior, a la información, a la libertad de expresión y opinión, a la libertad académica y la autonomía universitaria.
El 16 de agosto de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la confiscación de todos los bienes de la UCA y el calificativo de «centro de terrorismo para organizar actividades criminales». El impacto de esta medida con la suspensión de clases afecta gravemente el derecho a la educación, indispensable para la realización de otros derechos humanos[1].
Por su parte, el 18 de agosto de 2023, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (REDESCA-CIDH) condenó la confiscación de bienes de la UCA y su clasificación como «centro de terrorismo» por parte del régimen de Ortega en Nicaragua. La REDESCA-CIDH instó a que se anulen las medidas adoptadas contra la propiedad y la credibilidad académica de la UCA, por ser restricciones a la libertad académica y a la autonomía universitaria y transgredir los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria[2].
La agresión contra la UCA no es un hecho nuevo ni aislado. Es parte de un patrón del régimen de Daniel Ortega contra las instituciones de educación superior, para controlarlas y silenciar su voz crítica ante la violencia y crisis sociopolítica que padece Nicaragua.
Los antecedentes de esta arbitraria medida se remontan al 12 de abril de 2018, seis días antes del estallido social contra el régimen de Ortega, cuando desde la UCA salieron estudiantes a las calles para reclamarle al gobierno su inacción ante un incendio que arrasaba miles de hectáreas de la Reserva Indio Maíz, al sureste del país; protestas que se convirtieron en la mayor rebelión de las últimas décadas en Nicaragua. La UCA abrió sus puertas para dar refugio y salvar la vida de estudiantes, periodistas y defensores de los derechos humanos perseguidos por policías y paramilitares que les disparaban sus armas de fuego[3].
Desde esa crisis de 2018, la UCA fue sometida a un progresivo acoso oficial, que se tradujo en acciones como su exclusión del Consejo Nacional de Universidades (CNU), en 2022, y con ello de los fondos que recibía del presupuesto estatal, que le permitía financiar las becas de casi 2.000 estudiantes de escasos recursos, hasta concluir finalmente en su confiscación.
Ante la confiscación de la UCA y la detención arbitraria de las universitarias Adela Espinoza Tercero y Gabriela Morales, los estudiantes de esa universidad temen la inminente persecución por motivos políticos. Muchos han considerado no regresar porque ahora el gobierno puede acceder a datos de todos los estudiantes, muchos de los cuales han participado en protestas contra el régimen, especialmente durante 2018.
Ante esta deplorable situación, expresamos nuestra indignación por los ataques contra la UCA, nos solidarizamos con todos los universitarios nicaragüenses que se enfrentan a los embates del régimen autoritario de Daniel Ortega, que silencia las voces disidentes y condena a la sociedad al atraso y la subordinación ideológica.
En consecuencia, exigimos que:
Cese la persecución política contra dirigentes estudiantiles universitarios.
Se revierta la decisión de confiscar la Universidad Centro Americana.
Se tomen en cuenta y se traduzcan en acciones inmediatas los llamados de atención de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y de la Relatoría Especial DESCA de la CIDH.
Se respete la libertad académica y la autonomía universitaria, como garantes del progreso y de una sociedad democrática.
Suscriben:
- Aula Abierta
- Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela
- Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
- Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
- Comisión de la Mujer Universidad de Los Andes
- Douglas Matheus, Consejero Universitario de la Universidad de Los Andes
- Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
- Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
- Proyecto de Extensión Educación y Visibilización de los DDHH, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo
- Prof. Rafael Ibarra Garza, Coalición por la Libertad Académica en las Américas
Representantes estudiantiles:
- Br. Ornella Gómez, Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Los Andes (FCU-ULA).
- Br. Duglas Matheus, consejero universitario ULA.
- Br. María Torres, Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (FEDEVE).
- Confederación de Estudiantes de Venezuela (CONFEV).
- Br. Andrés Hernández, centro de estudiantes de la escuela de Ciencias Políticas ULA.
- Br. Edgar Leonel Vivas, movimiento Imagen Universitaria 20 (Movimiento 20).
- Movimiento estudiantil Fórmula 1.
- Br. Arturo Lobo, movimiento estudiantil Fracción Acción Universitaria (FAU).
- Br. Diana Puentes, movimiento estudiantil Demostrando el Cambio Universitario (DCU).
- Br. Josué García, movimiento Socialdemócrata (MSD).
- Br. Elizabeth Castillo, movimiento estudiantil Fuerza ULA.
- Br. Lesly Sánchez, movimiento estudiantil Liberación 23 ULA.
- Br. Cristhian Rodríguez, movimiento estudiantil Generación 20/20.
- Br. Rebeca Velásquez, movimiento estudiantil Justicia Universitaria.
- Br. José Valera, movimiento estudiantil Equipo 10.
[1]OACNUDH. 16/08/2023. Disponible en: https://twitter.com/OACNUDH/status/1691921662781042902?s=20
[2]REDESCA-CIDH.18/08/2023.
Disponible en https://twitter.com/DESCA_CIDH/status/1692559816156148116?s=20
[3] Selser, Gabriela, en DW. Cierre de la UCA en Nicaragua: otra estocada al pensamiento. 17/08/2023. Disponible en: https://www.dw.com/es/cierre-de-la-uca-en-nicaragua-otra-estocada-al-pensamiento/a-66564642
