Resumen ejecutivo
En este informe de cuatro secciones, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) presenta la forma como progresivamente ha sido erosionado el derecho a la participación política en Venezuela, con especial referencia a la región andina (estados Mérida, Táchira y Trujillo). En la primera sección se señala la crisis de participación política inducida por la ausencia de garantías de integridad electoral y la violación de derechos humanos. En la segunda se exponen los avances y deficiencias todavía presentes en las elecciones regionales y municipales del 2021, especialmente considerando los casos monitoreados en la región andina, la insuficiente participación política de las mujeres, el desconocimiento de la voluntad popular en el estado Barinas a través del Tribunal Supremo de Justicia y el despojamiento de competencias a las gobernaciones de los estados Zulia y Cojedes. En la tercera se destacan las condiciones desfavorables para la realización del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro generadas por el Consejo Nacional Electoral. En la cuarta se pone de relieve el hostigamiento y castigo a la participación política que ha sido sostenida por el chavismo durante casi dos décadas: las violaciones a los derechos humanos con la sistemática aplicación de la “Lista de Tascón” implementada a raíz del referendo revocatorio presidencial de 2004; las razones por las cuales los partidos políticos de oposición decidieron no participar en las elecciones parlamentarias de 2005, basados principalmente en la inexistencia de condiciones de integridad electoral; el desconocimiento, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional elegida en 2015 (cuya mayoría era opositora), que a través de su Sala Constitucional y mediante múltiples sentencias anuló las funciones de la Asamblea Nacional, siendo ésta usurpada por la posterior e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente; la criminalización e inhabilitación de actores políticos de oposición, tales como los diputados de la Asamblea Nacional y alcaldes, cuyo mandato popular fue obstaculizado; y la imposición de “protectorados” para despojar de sus competencias a los gobernadores elegidos democráticamente por partidos de la oposición.
