(Mérida, 22/12/2021).- Los tribunales en Mérida tomaron vacaciones hasta el próximo 10 de enero y Steven García, Marller González y Walter Mayorga pasarán sus sextas navidades injustamente presos. Estos jóvenes fueron detenidos arbitrariamente en 2016, acusados de cometer asesinatos durante las protestas sociales de 2014. En ninguno de estos casos existen evidencias incriminatorias.
Además de enfrentar cargos sin pruebas que los inculpen, García, González y Mayorga han sido víctimas de violaciones de su derecho humano a la justicia, debido a la actuación politizada y negligente de las autoridades involucradas, desde jueces y fiscales hasta jefes de cuerpos policiales. En los tres casos ha habido excesivo retardo procesal, irregularidades judiciales y presentación injustificada de testigos anónimos, además de politización, al ser llamados “casos guarimba” por las propias autoridades de justicia.
El equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) representa la defensa de estos jóvenes, cuyos juicios se iniciaron apenas este 2021, tras más de cinco años de sus detenciones arbitrarias. La dilación del proceso judicial por inacción u omisión de las autoridades competentes mantiene tras las rejas a quienes no son otra cosa que presos políticos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
Dilaciones que violan el derecho a la justicia
El juicio de Steven García ha tenido tres jueces distintos, siendo destituido el segundo de ellos cuando ya estaba por culminar el proceso. Además, antes de que finalmente se iniciara el juicio que aún está en curso, este caso fue diferido en 32 oportunidades y estuvo un año y nueve meses paralizado. Este lunes 20 de diciembre se realizó la audiencia en la que se esperaban las conclusiones por parte de la jueza a cargo, pero la ausencia de testigos impidió la resolución del caso.
Los testigos que faltan por hablar en este juicio son las únicas pruebas que el Ministerio Público tiene en contra de Steven García. Sin embargo, las direcciones de ubicación de los mismos no fueron consignadas por la Fiscalía al momento de presentar su acusación, requisito que es indispensable por mandato legal. “El Tribunal de Juicio ha solicitado que se consignen las direcciones de ubicación y traslado de los más de 40 testigos promovidos. Sin embargo, la Fiscalía no ha actuado en la búsqueda de esos testigos, ni ha apoyado aportando direcciones para la ubicación, las cuales consigna lentamente”, explica Iván Toro, coordinador del equipo jurídico del ODH-ULA y uno de los abogados defensores del detenido.
Si bien el Tribunal de Juicio ordenó la ubicación de los testigos por la fuerza pública, a través de funcionarios policiales, el órgano comisionado para ello, que es la Dirección de Investigación Penal de la Policía del estado Mérida, no ha dado respuesta de sus actuaciones. Esto es indispensable para que la jueza pueda prescindir de los testigos y concluir el juicio. “Se debe agotar la ubicación de los testigos por la fuerza pública y que conste en el expediente su resultado, de lo contrario la Fiscalía al culminar el juicio podría interponer un recurso para revocar la sentencia”, refiere Toro.
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Jueces incumplen su Código de Ética
El juicio de Marller González y Walter Mayorga, quienes están acusados de ser los autores materiales del asesinato de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), presenta las mismas irregularidades. La ausencia de testigos, que además son anónimos, impide que el juicio continúe y concluya. La próxima audiencia quedó fijada para el 10 de enero de 2022. En este caso las audiencias se han diferido en 61 oportunidades, desde que se ejecutaron las detenciones.
El incumplimiento de deberes por parte de fiscales y autoridades policiales no está por encima del deber de los jueces, quienes no solo se deben a los mandatos constitucionales y legales de la República Bolivariana de Venezuela, sino al Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en cuyo artículo 6 establece que “los jueces y juezas garantizarán a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, así como su respeto y garantías consagrados en la Constitución de la República y en el ordenamiento jurídico”.
El retardo procesal causado por las dilaciones injustificadas y politizadas que se han cometido en estos casos viola el derecho humano a la justicia de los detenidos y los revictimiza. El ODH-ULA reitera su denuncia en contra de las violaciones de derechos cometidas por funcionarios del sistema de justicia venezolano, y exhorta una vez más al Estado a cumplir con su deber de garantizar el respeto a los derechos humanos y la debida reparación a las víctimas.
