(Mérida, 20/04/2021).- El Informe anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el pasado 16 de abril, incluye por décimosexto año consecutivo a Venezuela en su capítulo IV.B, dedicado a los países de la región donde se violan derechos fundamentales. En esta ocasión, la CIDH destaca el progresivo deterioro institucional en el país y las violaciones de derechos fundamentales cometidas en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
Desde el año 2005, Venezuela ha sido incluida de forma consecutiva en el capítulo IV.B de los informes anuales de la CIDH. Esta Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que la inclusión de Venezuela en este capítulo de su informe se debe a cuatro tipificaciones establecidas en el artículo 59 del Reglamento de la CIDH. A saber:
El acceso discriminatorio o ejercicio abusivo del poder que socava el Estado de Derecho; “la suspensión ilegítima, total o parcial, del libre ejercicio de los derechos garantizados en la Declaración Americana o la Convención Americana”; la existencia de graves crisis institucionales que infringen el disfrute de derechos humanos y el incurrir en graves omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales, o para cumplir las decisiones de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Deterioro de la institucionalidad democrática
La CIDH observó en 2020 una profundización en el deterioro de las instituciones democráticas venezolanas. Las intromisiones del Poder Ejecutivo, ejercido por el régimen de facto que encabeza Nicolás Maduro, sobre los demás poderes públicos se acentuó durante el año pasado. “Esta situación perjudica la separación y el equilibro de poderes, y conduce a serias restricciones y limitaciones en el espacio democrático”, precisa el informe, donde se destaca la finalización del periodo de gestión de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015, “última institución revestida de legitimidad democrática del orden nacional”, apunta el informe.
Dentro del análisis sobre el quiebre institucional, la CIDH hace énfasis en la injerencia del Poder Ejecutivo sobre los otros tres poderes principales que conforman el Estado venezolano: judicial, legislativo y electoral. En cuanto al primero, el informe destaca sobre todo el funcionamiento inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyas decisiones y acciones vulneran las funciones que son competencia de las instituciones que conforman los otros dos poderes.
“La Comisión reitera su preocupación por las denuncias que apuntan a que un número considerable de jueces contrata con el Estado o pertenece a la junta directiva de empresas que contratan con el Estado. Así, de 5.928 jueces activos y retirados, 461 habrían celebrado contratos con el Estado y, de este grupo, al menos el 52,5% estaría inscrito al Partido Socialista Unido de Venezuela”, detalla el informe.
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Faltas de la extinta ANC y hostigamiento a diputados opositores
En cuanto a las intromisiones del Ejecutivo en las instituciones del poder legislativo, la CIDH destaca el funcionamiento de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por Maduro en 2017 y suprimida en 2020. “A la fecha de elaboración de este informe, la CIDH no registra que la ANC haya discutido un proyecto de texto constitucional. En cambio, la ANC ha fungido como un parlamento, arrogándose funciones que constitucionalmente corresponden a la Asamblea Nacional y a otros órganos como el Consejo Nacional Electoral”, indica el documento.
Por su parte, la CIDH observa con preocupación las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra diputados de la AN elegidos en 2015. Levantamiento de inmunidad parlamentaria; persecución, arresto y detención arbitraria; tortura, malos tratos y otros actos de violencia; amenazas y actos de intimidación, entre otros, son los principales tipos de hostigamiento perpetrados contra parlamentarios de la oposición que recoge el informe.
CNE y elecciones parlamentarias de 2020: irregularidades y falta de garantías
La CIDH recuerda que la elección de personas rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano ha sido irregular desde 1999, citando el informe La historia de un fraude (III): el secuestro del Poder Electoral, publicado en 2019 por la ONG Acceso a la Justicia. “En varios períodos de sesiones de la CIDH, así como en Consejos Permanentes de la OEA, se ha puesto de manifiesto que las personas rectoras del CNE han sido designadas en las últimas dos décadas por el TSJ en lugar de la Asamblea Nacional, como dicta la Constitución de Venezolana”, destaca el informe.
De cara a las cuestionadas elecciones parlamentarias de 2020, que no fueron reconocidas por más de 50 países, el TSJ emitió la Sentencia N° 0070-2020, a través de la cual este órgano judicial designó a los nuevos rectores del CNE, entre los cuales había dos magistradas del TSJ. “Con este tipo de decisiones se crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional que tanto repercute en la vigencia de los derechos humanos”, señala la Comisión.
Graves violaciones de derechos humanos en 2020
Posibles ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones arbitrarias y por motivos políticos; ataques contra la libertad de expresión, de prensa y de manifestación son las principales graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela que recoge la CIDH en su informe anual 2020.
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A esta Comisión le preocupa no solo la ejecución de las referidas violaciones, sino la falta de información clara por parte del Estado venezolano acerca de las investigaciones sobre las mismas. Así mismo, el informe señala que algunas de las graves violaciones documentadas ocurrieron “como represalia contra personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y sus derechos políticos”.
Violaciones a los DESCA
Además de las citadas graves violaciones, la CIDH registra en su informe anual 2020 la persistencia del deterioro en el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, identificados con las siglas DESCA. Este organismo señala que la falta de acceso a estos derechos incide en la migración forzada de millones de venezolanos, cuya cifra en 2020 se aproximó a 5 millones de personas.
Sobre los programas de asistencia social o humanitaria creados por el régimen, la CIDH apunta que los mismos han sido insuficientes para atender la demanda creciente de servicios básicos por parte de la población. El informe cita el reporte mensual de mayo 2020 sobre la situación de las universidades en Venezuela publicado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), donde se detalla la discriminación en la asignación de becas estudiantiles por parte del Ministerio de Educación Universitaria, al anunciar en ese mes la implementación de pagos de las mismas a través del sistema patria.
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En cuanto al derecho a la salud, el informe incluye las amenazas contra los miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) por lo que advertían en el informe sobre el “Estado actual de la pandemia COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios”.
Así mismo, el informe dedica su cuarto y último capítulo a detallar las violaciones de DD. HH. cometidas en Venezuela contra los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación: personas defensoras de derechos humanos; migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, beneficiarias de protección complementaria; mujeres; personas privadas de libertad; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; personas mayores; pueblos indígenas; personas de la comunidad LGBTI y personas afrodescendientes.
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Derecho a la educación empeora durante la pandemia
Luego de resaltar las violaciones cometidas contra el derecho a la salud y a la alimentación en el contexto de la pandemia por COVID-19, la CIDH dedica un apartado de su informe a dar cuenta de la situación del derecho a la educación en Venezuela durante 2020, haciendo énfasis en las violaciones cometidas contra la educación universitaria.
“En el 2020, durante la visita a la frontera colombo-venezolana, diversos movimientos estudiantiles y asociaciones de profesores denunciaron ante la Comisión Interamericana que la libertad académica y la autonomía universitaria se encuentran amenazadas en Venezuela”, reseña la Comisión.
La designación arbitraria de autoridades universitarias por parte del régimen de facto, la asfixia presupuestaria y la ineficacia del Plan Universidad en Casa por la brecha digital y las deficiencias de los servicios de telecomunicaciones en Venezuela son las principales acciones que violaron el derecho a la educación superior en el país.
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Conclusiones y recomendaciones
En las conclusiones del informe anual 2020, la CIDH recomienda al Estado venezolano “abstenerse de cualquier acción o conducta que pueda limitar la autonomía de las universidades, investigando y en su caso, sancionando los atentados a dicha autonomía, revisando y modificando toda legislación o práctica que menoscabe la misma”.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) suscribe todas las recomendaciones que la CIDH hace al Estado venezolano y exhorta a las autoridades competentes a velar por el cumplimiento de los derechos humanos, que incluyen el acceso a la justicia, el respeto a la institucionalidad democrática y, en el caso de la educación superior, el respeto a la libertad académica. El ODH-ULA continuará registrando las violaciones de DD. HH. que ocurran en la región andina del país, así como las transgresiones a la libertad académica, la autonomía y los derechos universitarios, como lo ha hecho desde el año 2014.
