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18-24 de octubre de 2020

Juez desestimó acusaciones de víctimas y liberó a  jefe policial imputado de homicidio y a otros policías implicados
El 08 de junio de 2019 Wuilderman Paredes fue asesinado de un disparo propinado por funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el municipio Santos Marquina mientras hacía una cola para surtir combustible.[1]. También resultaron heridos los hermanos Gerardo y Luis Paredes.
Gerardo Paredes fue herido de bala en su rostro, cabeza y torso. Luis Paredes fue golpeado en la cabeza con la empuñadura de un arma de fuego[2].
Durante el juicio oral y público del caso de Wuilderman y hermanos Paredes, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció las irregularidades que se presentaron durante el desarrollo, como la actuación del operador de justicia, desorden judicial, negación de representación de las víctimas y falta de independencia del juez[3].
El 22 de octubre de 2020, José Gerardo Pérez Rodríguez, juez de juicio Nº5, dictaminó culpabilidad del delito sólo al efectivo policial que disparó y quitó la vida de Wuilderman Paredes y absolvió a los otros cinco funcionarios incluyendo a Juan Bautista Cordero, Comisionado Jefe del Cuerpo de PNB del estado Mérida, quien según los testimonios de las víctimas durante el juicio, fue quien dio la orden de disparar contra los ciudadanos que se encontraban en la estación de servicio[4].
La fiscal nacional María Ginette Córdova, ejerció el efectivo suspensivo de la sentencia, debido a que el juez desestimó las pruebas contra los funcionarios Juan Bautista Corderoy Freddy Rodríguez, quienes dispararon a Gerardo Paredes y la complicidad de los otros funcionarios[5].
El ODH-ULA considera que Carla Araque de Carrero, presidenta del Circuito Judicial y Penal y Corte de Apelaciones del estado Mérida, debe reponer el juicio a fin de garantizar la justicia.  Por otra parte, el fiscal Javier Díaz debe  ordenar la protección inmediata de Gerardo Paredes y sus familiares, ya que habrían sido amedrentados, el 22 de octubre de 2020 por varios funcionarios policiales.[6].

Continúan los ataques contra los comunicadores sociales en el estado Mérida
El 23 de octubre de 2020, María Fernanda Rodríguez, corresponsal del medio digital El Pitazo, en el estado Mérida, denunció que mientras cubría un reporte en los alrededores del Circuito Judicial y penal del estado Mérida, fue abordada por José Alpino, jefe de seguridad del circuito quien le solicitó eliminar una fotografía que había tomado de la fachada del recinto[7].
Rodríguez se negó a borrar y mostrar la fotografía que había tomado del sitio y alegó que no existe ley que le prohíba tomar fotografías del recinto.  El jefe de seguridad desistió de su solicitud[8].    Se trata del tercer ataque a comunicadores sociales en un mes en el estado Mérida, según nuestros registros.
El ODH-ULA recuerda a los funcionarios públicos y efectivos policiales que es una violación grave a la libertad de expresión limitar, intimidar o amedrentar a periodistas en represalia por desempeñar su trabajo.

Ipys Venezuela denuncia restricción del acceso a la información en los estados Mérida y Táchira
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, denunció la escasa información que reciben los habitantes de los estados Mérida y Táchira debido a las constantes fallas del servicio eléctrico, telefonía e internet. Denunciaron también la existencia de pocos medios de comunicación los cuales además carecen de los  equipos necesarios[9].
Cinco municipios del estado Mérida no poseen ni un solo medio de comunicación independiente. . En otros siete municipios los medios proporcionan  información deficiente[10].
 En el 75,8% de los municipios del estado Táchira el acceso a noticias nacionales y regionales es también deficiente[11]“El riesgo de ser hostigado físicamente, detenido arbitrariamente o sometido a un proceso penal sin garantías es permanente para los comunicadores, mientras dentro de Venezuela los medios están sometidos a un régimen de presión que no permite un debate plural y abierto”[12].
 Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDHEl 08 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que persisten graves violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en el contexto de una agudización del conflicto político y social, impedimentos a los periodistas para cumplir con sus labores informativas, censura mediante bloqueo de sitios web de medios periodísticos, redes sociales o servicios de retransmisión en directo (en inglés: streaming) y la obstaculización de la circulación[13].

Instalación deportiva de la ULA es invadida con fines lucrativos durante la cuarentena por el covid-19
El 22 de octubre de 2020, según información enviada por el profesor Ronald Antúnez, director de Deportes de la de Universidad de Los Andes (ULA), el estadio de fútbol de la instalación deportiva Ulpiano Cobos, fue invadida por personas afectas al gobierno de Nicolás Maduro y ajenas a la Universidad[14].
 Según el profesor Antúnez los invasores cobran para permitir el ingreso a las instalaciones[15] y han amenazado al personal de vigilancia ULA y  destruido las distintas puertas y candados de acceso.
Las invasiones a instalaciones deportivas representan un nuevo patrón de ataque hacia instalaciones de la Universidad de Los Andes durante la cuarentena por el covid-19, que debe ser repudiado y detenido.

Ciudadanos denuncian actuaciones del FAES en Mérida
El 22 de septiembre de 2020, efectivos de las Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) en el sector Lagunillas, municipio Sucre, estado Mérida detuvieron y golpearon a Jorge López, comerciante de la zona[16].
Según testimonios de vecinos y testigos, los efectivos del FAES detuvieron al comerciante y sustrajeron mercancía, lo mismo ocurrió a otro comerciante de la zona a quien lo amarraron dentro del mismo local[17].
Además, los ciudadanos denunciaron que en el municipio Sucre son constantemente acosados y asediados por estos efectivos policiales.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe del 04 de junio de 2019, mostró su preocupación por que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social y recomendó al Estado la disolución de la misma[18]

Falleció privado de libertad en sede del CICPC
El 23 de octubre de 2020, según información difundida por la ONG Una Ventana a la Libertad, Emilio Márquez Nava, de 37 años de edad, falleció en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, del estado Mérida, por complicaciones de una bacteria alojada en el estómago[19].
Según los familiares de Márquez las autoridades no permitieron que fuera trasladado hasta un centro de atención y que recibiera la debida atención médica a tiempo[20]. También señalaron que Emilio Márquez Nava tenía boleta de excarcelación y ni siquiera le habían realizado la audiencia preliminar[21]


[1]Uladdhh: Perder la vida por unos litros de gasolina a manos de funcionarios policiales en
Venezuela. Febrero 2020 [Documento en Línea] Disponible en: https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2020/02/Informe-Perder-la-vida-por-unos-litros-de-gasolina-a-manos-de-funcionarios-policiales-en-Venezuela-Descargar-1.pdf Recuperado el 22.10.2020[2] Uladdhh: Ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos en la
represión estatal en Venezuela con especial referencia a la región andina -2019. Febrero 2020 [Documento en Línea] Disponible en: https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2020/02/Informe-Ejecuciones-extrajudiciales-y-graves-violaciones-de-derechos-humanos-en-la-represi%C3%B3n-estatal-en-Venezuela-con-especial-referencia-a-la-regi%C3%B3n-andina-2019-Descargar-1.pdf Recuperado el 22.10.2020[3] Uladdhh: Perder la vida por unos litros de gasolina a manos de funcionarios policiales en Venezuela. Febrero 2020 [Documento en Línea] Disponible en: https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2020/02/Informe-Perder-la-vida-por-unos-litros-de-gasolina-a-manos-de-funcionarios-policiales-en-Venezuela-Descargar-1.pdf Recuperado el 22.10.2020[4] Testimonios de víctimas, testigos y abogados. 22-23.10.2020[5] Ídem[6] Testimonios de víctima y familiares. 23.10.2020[7] IPYS (23 de octubre, 2020) #AvanceIPYSve | José A. Alpino, jefe de seguridad del Circuito Penal de #Mérida pidió a la reportera de
@ElPitazoTV, María Fernanda Rodríguez, eliminar una fotografía de la fachada del recinto; al negarse, Alpino le exigió mostrarle la foto. Luego desistió de su solicitud. #23Oct [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/ipysvenezuela/status/1319662531116486656?s=20[8] Testimonio de María Fernanda Rodríguez.[9] Ipys: Mérida: periodismo local en situación precaria. 23.10.2020 [En Línea] Disponible en: https://ipysvenezuela.org/desierto-de-noticias/merida-periodismo-local-en-situacion-precaria/ Recuperado el 23.10.2020[10] Ídem[11] Ipys: Táchira: 75% de los municipios, tiene poco o nulo acceso a la información. 23.10.2020 [En Línea] Disponible en: https://ipysvenezuela.org/desierto-de-noticias/tachira-75-de-los-municipios-tienen-poco-o-nulo-acceso-a-la-informacion/[12] OEA: CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. 08.05.2020 [En Línea] Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/106.asp[13] Ídem[14] Información enviada vía WhatsApp. 22.10.2020[15] Ídem[16] Testimonio de vecinos de la zona, quienes solicitar al ODH-ULA proteger su identidad. 24.10.2020[17] Ídem[18] ACNUDH: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela 04.06.2019. [Documento en Línea] Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx Recuperado el 24.10.2020[19] Una Ventana a la Libertad: Privado de libertad murió en el CICPC de Mérida. 23.10.2020 [En Línea] Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/privado-de-libertad-murio-en-el-cicpc-de-merida/ Recuperado el 24.10.2020[20] Ídem[21] Ídem

Boletín disponible en: https://mailchi.mp/fe75573c3d0b/boletn-andino-de-derechos-humanos-n67


Boletín andino de derechos humanos Nº 67
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