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 02-08 de agosto de 2020

ODH-ULA denuncia potencial contagio de privados de libertad de covid-19 en sede de PoliMérida
El 06 de agosto de 2020, por medio de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (PoliMérida), enviada a los medios de comunicación vía WhastApp, se informó que fueron aislados nueve funcionarios policiales por dar positivo al virus covid-19 en las Pruebas de Despistaje Rápido (PDR)[1].
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) indicó que los funcionarios policiales que resultaron positivos para el covid-19 mantenían contacto permanente con los privados de libertad en la sede del retén policial de PoliMérida[2]. Además, denunció que el retén policial tiene una capacidad para recluir aproximadamente 60 reclusos y actualmente existen detenidas alrededor de 250, lo revela condiciones de hacinamiento y que representa un alto riesgo de contagios dentro de la institución[3].
Iván Toro, abogado del ODH-ULA, indicó que los órganos de administración de justicia deben implementar operativos de revisión de causas de los privados de libertad que aún se encuentran a espera de juicio o están por cumplir condena, con la finalidad de reducir la cantidad de personas que se encuentran en el centro de reclusión, otorgando medidas cautelares hasta que se inicie las actividades de tribunales[4].
En el retén policial, resulta difícil el  cumplir con las medidas  de higiene necesarias para prevenir el contagio de covid-19. No hay insumos para la adecuada limpieza del recinto, a lo cual se suma la falta de tuberías de aguas blancas para provisión de agua para aseo personal, tampoco hay suficientes lavamanos, no disponen de agua potable para beber y no disponen de suficiente espacio dentro del retén que garanticen el aislamiento de los privados libertad contagiados, asumiendo que existan[5].
Las normas internacionales destacan que los Estados deben garantizar que los reclusos tengan acceso al mismo nivel de atención sanitaria que se ofrece en la comunidad, y que ese principio se aplique a todas las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria[6].

Libertad de expresión es amenazada en la región andina
El 03 de agosto de 2020, Deivis Pacheco fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), por haber hecho público el 31 de julio de 2020, un video donde se observan a funcionarios del cuerpo de bomberos del estado Trujillo empujando un vehículo de rescate que había quedado sin combustible en el municipio Valera[7].
El 5 de agosto se realizó la audiencia de presentación, el Tribunal Único de Control le imputó el cargo de instigación a delinquir, prohibición de salir del estado y grabar videos referentes al cuerpo de bomberos. Fue excarcelado con régimen de presentación cada 15 días durante dos meses[8].
Amedrentamiento a defensores de derechos humanos
El 06 de agosto de 2020, el profesor Javier Tarazona, director general de la ONG FundaRedes, fue llamado a comparecer ante la fiscalía del estado Táchira, debido a las denuncias que esa ONG ha hecho en relación a las víctimas de violencia en la frontera, los casos de homicidios, desapariciones, secuestros, enfrentamientos armados, la incursión de grupos armados irregulares en territorio venezolano, y la “mirada complaciente por parte del Estado hacia la actuación de los grupos armados irregulares”[9].
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) recuerda al Estado y a los funcionarios que denunciar situaciones que vulneran los derechos humanos y el deterioro de los servicios básicos es un derecho y un deber de todo ciudadano.

Familias en cuarentena son expuestas por autoridades paralelas en el estado Táchira
El 04 de agosto de 2020, en el sector Puente Real, municipio San Cristóbal, estado Táchira, fueron marcadas las casas de nueve personas que dieron positivo a las pruebas de covid-19, con carteles de “Familia en Cuarentena”[10]. Según comunicado de prensa del Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI) Municipio San Cristóbal, aún están en espera de 21 resultados[11].
Vecinos y familiares de los contagiados han catalogado la acción por parte de la ODDI como una falta de respeto que sus casas sean marcadas como si fueran delincuentes y además exponiéndolos públicamente a ser discriminados por contraer el virus[12].
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), denuncia que el Estado con esta acción viola el derecho a la confidencialidad y pone en riesgo la seguridad de las personas al exponer a los ciudadanos que resultan positivos a las pruebas del covid-19.
En las directrices relativas a la covid-19 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), se hace un llamado a los Estados para que actúen con celeridad a fin de contrarrestar la retórica que fomenta el miedo y velar por que sus respuestas al covid-19 no contribuyan a aumentar la vulnerabilidad a la violencia y la discriminación de determinados grupos de la población[13].

Intamujer suspendió atención al público por falta de presupuesto para equipos de bioseguridad
El 04 de agosto de 2020, Beatriz Mora, presidenta del Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), municipio San Cristóbal, estado Táchira, informó que, desde la semana pasada, la oficina suspendió la atención al público debido a que no cuenta con el presupuesto para la implementación de las mascarillas acrílicas, equipo de bioseguridad impuesto por el consejo municipal[14].
Mora indicó que ha habido aumento de los casos de violencia de género e intrafamiliar durante la pandemia por el covid-19 en el estado Táchira, razón por la cual desean solventar lo más pronto posible la carencia de equipos de bioseguridad[15].
Desde 16 de marzo de 2020, cuando inició la cuarentena por el covid-19, hasta el 31 de mayo, se registraron 42 femicidios en Venezuela, de acuerdo con el registro de Monitor de Femicidios de Utopix [16].
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), hace un llamado al consejo municipal de San Cristóbal para que dote los insumos de bioseguridad que ordena usar en las instancias públicas a fin de que las mismas no se vean forzadas a paralizarse. 


[1]Información enviada vía WhatsApp. 06.08.2020[2]Uladdhh (07 de agosto, 2020) Los funcionarios policiales que ayer #06Ago resultaron positivos para  #Covid19 mantenían contacto permanente con los privados de libertad en el Retén Policial de la Dirección General de
@polimerida. Esto representa una alta probabilidad de contagios dentro de la institución. [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/Uladdhh/status/1291786125640597504?s=20[3]Uladdhh (07 de agosto, 2020) El Retén Policial de la Dirección General de
@polimerida
 tiene una capacidad para recluir aproximadamente 60 reclusos. Actualmente hay aprox. 250, lo que representa un alto hacinamiento, que en términos de pandemia por #COVID19 coloca en riesgo a todos los reclusos @CIDH@hrw [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/Uladdhh/status/1291785944799076353?s=20
[4]Etrevista realizada al abogado Iván Toro. 07.08.2020[5]Testimonios recogidos por el ODH-ULA. 07.08.2020[6]IASC: Directriz provisionalcovid-19: Atención especial a las personas privadas de
Libertad. Marzo 2020. ACNUDH y la OMS. Marzo 2020. [En Línea] Disponible en: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty%20%28Spanish%29.pdf Recuperado el 07.08.2020[7]Espacio Público (03 de agosto, 2020) #DenunciaEP | Detienen al ciudadano Deivis Pacheco por grabar un video que muestra a varios efectivos empujando un carro de Bomberos que se quedó sin combustible en la ciudad de Valera, estado #Trujillo #3ago [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/espaciopublico/status/1290371629072224257?s=20[8]Espacio Público (05 de agosto, 2020) #DenunciaEP | Excarcelan a Deivis Pacheco con “régimen de presentación” cada 15 días durante dos meses #5ago
El Tribunal Único de Control de Valera le imputó el cargo de “instigación a delinquir”, tiene prohibido salir del estado #Trujillo y grabar contenido sobre los Bomberos [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/espaciopublico/status/1291096140449021952?s=20[9]FundaRedes: Javier Tarazona compareció ante Fiscalía Superior para reiterar denuncias de violaciones a DDHH.07.08.2020 [En Línea] Disponible en: https://www.fundaredes.org/2020/08/07/javier-tarazona-comparecio-ante-fiscalia-superior-para-reiterar-denuncias-de-violaciones-a-ddhh-2/ Recuperado el 07.08.2020[10]El Pitazo: Autoridades marcan casas de familias en cuarentena por COVID-19. 06.08.2020 [En Línea] Disponible en: https://elpitazo.net/los-andes/autoridades-marcan-casas-de-familias-en-cuarentena-por-covid-19/ Recuperado el 07.08.2020[11]Ídem[12]Ídem[13] Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado: Directrices relativas a la COVID-19. marzo 2020. [En Línea] Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx Recuperado el 07.08.2020[14]El Pitazo: Cerrado Instituto Tachirense de la Mujer por no tener presupuesto para adquirir mascarillas. 04.08.2020 [En Línea] Disponible en: https://elpitazo.net/los-andes/cerrado-instituto-tachirense-de-la-mujer-por-no-tener-presupuesto-para-adquirir-mascarillas/ Recuperado el 06.08.2020[15]Ídem.[16]El Diario: Femicidios en Venezuela: la otra pandemia silenciosa. 17.06.2020 [En Línea] Disponible en: https://eldiario.com/2020/06/17/femicidios-en-venezuela-la-otra-pandemia-silenciosa/ . Recuperado el 07.08.2020

Boletín disponible en: https://mailchi.mp/f7ede7d747c7/boletn-andino-de-derechos-humanos-n56


Boletín andino de derechos humanos Nº 56
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