(Mérida, 31/07/2025).- Hay dos fechas que significan dolor para Santiago Ribera*. La primera es el 30 de julio de 2024, día en que funcionarios policiales lo detuvieron arbitrariamente en Mérida, como parte de la represión desatada tras las elecciones presidenciales. La otra se repite cada mes: es el día fijado para su presentación ante los tribunales contra terrorismo en Caracas, una de las medidas cautelares que debe cumplir tras recibir libertad condicional en diciembre pasado.
«Los pasajes son 120 dólares ida y venida. ¿De dónde vamos a sacar esa plata?». La cita es de la madre de Ribera, a cuyo testimonio tuvo acceso en enero pasado el equipo legal del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), bajo condición de anonimato por temor a mayores represalias. Ella y su hijo no tienen dónde quedarse en la capital del país y solo cuentan con el apoyo económico que, ocasionalmente, les brinda una organización no gubernamental que atiende a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Desde entonces, y hasta la fecha de publicación de esta nota, Santiago debe viajar cada mes a Caracas, pese a no existir ninguna prueba en su contra de los delitos que le imputan: terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, asociación para delinquir y obstrucción de vías públicas. En la misma situación están cerca de 40 personas que fueron detenidas en Mérida entre julio y agosto de 2024, así como otras de distintos estados del país.
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Extorsiones, miedo y exigencias ilegales
El costo de las medidas cautelares que implican la libertad condicional de Santiago Ribera no es solo el de los pasajes y los viáticos que necesita para trasladarse todos los meses a Caracas. En algunos de esos viajes, funcionarios militares y policiales que están en las alcabalas de la ruta lo han extorsionado para dejarlo continuar. «En una ocasión le quitaron 10 dólares y le dijeron que, si no se los daba, no lo iban a dejar viajar y no podría presentarse en los tribunales», contó su madre.
Además de la extorsión, existe el miedo a una nueva detención. «Yo he conocido madres de Amazonas, Falcón, Margarita. Al comienzo todas íbamos con nuestros muchachos a Caracas para las presentaciones en tribunales, porque nos da miedo que los vayan a dejar detenidos en alguna alcabala. Últimamente mi hijo viaja solo porque no nos alcanza para pagar dos pasajes, pero el miedo sigue estando ahí», dijo la mamá de Ribera.
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En otros casos de presos políticos en libertad condicional, el ODH-ULA ha conocido que funcionarios de los tribunales de terrorismo donde deben presentarse en Caracas les exigen llevar materiales de papelería, como parte de la «labor social» que deben cumplir. En ninguna ley venezolana está previsto este requisito entre las medidas cautelares otorgadas a personas procesadas penalmente.
Tener que viajar para cumplir con el régimen de presentación también afecta la continuidad en los trabajos que a los presos políticos les cuesta conseguir tras su liberación. En el caso de Ribera, desde enero ha estado en al menos cuatro empleos distintos, no por fallas de su parte, sino porque no todos sus jefes aceptan darle permiso dos días al mes para poder ir a Caracas.
Restricciones que suman otras violaciones de derechos
Las medidas cautelares que recibió Santiago Ribera como parte de su libertad condicional también incluyen la prohibición de salida del país y de hablar públicamente de su caso. Por eso su nombre fue modificado en esta nota de prensa. Tampoco puede referirse a las múltiples violaciones de derechos humanos de las que fue víctima durante los casi cinco meses que estuvo detenido, registradas por el ODH-ULA como patrones de represión tras el 28 de julio de 2024.
Ribera, al igual que la mayoría de los detenidos en Mérida y otras entidades en el marco de las protestas postelectorales, fue trasladado a un centro de reclusión ubicado en otro estado del país. Esto viola lo establecido en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, donde se señala que las personas privadas de libertad deben estarlo «en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso».
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Durante más de dos meses, la madre de Ribera no pudo visitarlo en la cárcel, pese a tener que costear viajes y viáticos desde Mérida hasta el estado donde estaba preso su hijo. Los custodios de Santiago alegaban que no tenía derecho a la visita porque estaba procesado por «terrorista». Ese primer encuentro duró apenas 10 minutos y fue con un vidrio de por medio y un teléfono para poder hablar y escucharse.
Todos los detenidos en Mérida por motivos políticos tras las elecciones presidenciales fueron procesados por tribunales contra el terrorismo ubicados en Caracas, a través de audiencias telemáticas, y se les negó el derecho de tener una defensa de su confianza. Testimonios de familiares que han sido atendidos por el ODH-ULA coinciden en que los abogados asignados por el Estado no defienden eficazmente a los procesados.
El ODH-ULA busca mostrar con estos casos que la libertad condicional concedida a decenas de presos políticos postelectorales de las regiones es otra forma de mantenerlos en prisión, sin posibilidades de conseguir un trabajo estable y teniendo que asumir unos costos para los que no cuentan con recursos. Según cálculos de esta organización, cada viaje a Caracas desde Mérida para cumplir con el régimen de presentación cuesta entre $70 y $150 dólares.
*El nombre de la víctima se modificó por la prohibición que tiene de hablar de su caso públicamente.
