Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, destacó la importancia del trabajo de las organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos en visibilizar las violaciones cometidas por el Estado venezolano

(Mérida 09/12/2019).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) presentó este lunes 9 de diciembre su informe correspondiente al segundo semestre de 2019. Algunos de los casos documentados por este observatorio constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

El informe titulado “Situación general de los derechos humanos en Venezuela con especial referencia a la región andina. Junio-diciembre 2019” fue presentado en el salón ULA-BCV de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA. El equipo del ODH-ULA estuvo acompañado por familiares de víctimas, invitados especiales y miembros de la sociedad civil.

Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, resaltó la participación de esta organización en el 174° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Quito, Ecuador, en noviembre pasado. “Es importante resaltar que es gracias al trabajo de documentación que hacen las organizaciones nacionales de derechos humanos que las instancias internacionales conocen lo que ocurren en Venezuela y determinan que aquí hay una emergencia humanitaria compleja”, destacó.

Ejecuciones extrajudiciales, represión e impunidad

“Entre enero y junio de 2019 en el estado Mérida han sido asesinadas tres personas por funcionarios policiales estando en el ejercicio de sus funciones. En todos los casos hubo uso indiferenciado de la fuerza y se violaron los estándares nacionales e internacionales de actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, precisa el informe del ODH-ULA.

María Alejandra Castillo e Iván Toro, abogados que conforman el equipo jurídico del ODH-ULA, explicaron a los asistentes que ninguna de esas víctimas mortales ni sus familiares han recibido justicia ni reparaciones. Ambos abogados destacaron la recurrencia de retardos e irregularidades en los procesos judiciales, así como la denegación de justicia y reparación por parte del Estado venezolano a las víctimas directas o víctimas por extensión de esos casos.

Asimismo, el ODH-ULA registra que solo en el estado Mérida funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo de exterminio creado por el Estado, ejecutaron a ocho personas en menos de un mes, entre el 13 de agosto y el 03 de septiembre de 2019 .    

En cuanto a la represión estatal, el observatorio ulandino destaca el ataque con perdigones propinado por un funcionario policial el pasado 1° de julio al adolescente Rufo Chacón, mientras participaba en una protesta pacífica por falta de gas doméstico en la localidad de Táriba, estado Táchira. En este hecho Chacón perdió ambos ojos. Esta misma práctica de represión con ataques directos al rostro ha sido documentada en reiteradas ocasiones por el ODH-ULA desde 2017.

Detenciones arbitrarias

Erickvaldo Márquez, estudiante de Educación Física de la ULA, fue detenido en su casa el 13 de septiembre de 2017 por un hecho ocurrido cinco meses antes, el 24 de abril, en el marco de las protestas sociales pacíficas que tuvieron lugar en Mérida y otros estados del país. Márquez permanece privado de libertad en condiciones inhumanas, como lo han constatado abogados del ODH-ULA en visitas al centro de reclusión donde se encuentra, ubicado en Glorias Patrias. 

“Las audiencias de juicio han diferidas sin ninguna justificación en cuatro oportunidades. La madre del detenido ha tenido que correr con todos los gastos del traslado del detenido desde su centro de reclusión hasta la sede de los tribunales penales”, precisa el informe sobre este caso.

Zulay Moreno, madre de Erickvaldo Márquez, asistió a la presentación del informe y agradeció al equipo del ODH-ULA su mediación como representantes jurídicos de su hijo. Los padres de Germán Cohen, cuyo asesinato tampoco ha recibido justicia, también estuvieron presentes.

Robos y ataques a la ULA

Holaya Peña, investigadora del ODH-ULA, dio cuenta de los robos que ha sufrido la Universidad de Los Andes en sus Núcleos, Facultades y Extensiones ubicados en Mérida, Táchira y Trujillo. Solo en Mérida, la ULA ha sido víctima de más de 80 hurtos durante 2019, sin que ninguno de ellos haya sido investigado por las autoridades competentes, precisó Peña.

Los ataques a la ULA también se materializaron en grafitis con mensajes políticos en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y sus políticas. Estos daños fueron hechos a la fachada del Rectorado en agosto pasado. 
Todos estos ataques son documentados por el ODH-ULA como violaciones a la libertad académica.

Fallas constantes en servicios básicos

Las fallas en los servicios básicos, como lo son electricidad, agua potable, gas doméstico, combustible para vehículos y telecomunicaciones no han cesado durante el segundo semestre de 2019. Por el contrario, el ODH-ULA ha registrado el empeoramiento de estos servicios en los tres estados andinos.

Solo en fallas de electricidad, esta región del país, junto al estado Zulia, concentran la mayor cantidad de apagones sufridos durante este año, tras el primer apagón nacional registrado el pasado 7 de marzo. En esa ocasión, los estados andinos estuvieron alrededor de 110 horas continuas sin electricidad.

Además de los representantes del ODH-ULA, en esta actividad también participaron tres invitados especiales: Alexis Dávila, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA; Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, y Judith Zambrano, activista del organismo Justicia y Paz, orden de predicadores dominicos del estado Mérida.

Segundo informe anual del ODH-ULA documenta graves violaciones a los derechos humanos