(Mérida 12/11/2019).- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) participa este martes 12 de noviembre en una audiencia concedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 174° período de sesiones, donde expondrá los casos de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la represión estatal en Venezuela que esta organización ha documentado.
El ODH-ULA presentará ante los relatores de la CIDH las cifras de ejecuciones extrajudiciales registradas en todo el país y los casos ocurridos en el estado Mérida, cuyas víctimas por extensión son asistidas jurídicamente por los abogados de este Observatorio, así como los casos de graves violaciones a los derechos humanos documentadas durante las represiones ejercidas por funcionarios de la fuerza pública en la entidad andina. En la audiencia titulada “Tortura, ejecución extrajudicial y graves violaciones de derechos humanos en la represión estatal en Venezuela”, y que está fijada para las 10:15 a.m. (hora de Ecuador), también participarán las organizaciones no gubernamentales Foro Penal, Un Mundo sin Mordaza y Defiende Venezuela.
9.960 ejecuciones extrajudiciales en siete años
De acuerdo con cifras publicadas por la ONG Cofavic, entre los años 2012 y 2019 se han cometido 9.960 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Este tipo de crímenes han sido perpetrados por funcionarios del orden público en el ejercicio de sus funciones, haciendo uso arbitrario, abusivo e innecesario de la fuerza, lo que constituye una violación a los estándares nacionales e internacionales de actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Tan solo este año, tres personas han sido asesinadas por funcionarios de la fuerza pública en Mérida. German Cohen, Wuilderman Paredes y una mujer agricultora, cuyos familiares pidieron reservar su nombre por temor a represalias, fueron asesinados a manos de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o de otra fuerza de orden público.
German Cohen, estudiante de Derecho en la ULA, perdió la vida el pasado 23 de enero tras la jornada de protesta convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Testigos denuncian que el asesino habría sido un funcionario policial. El cuerpo de la víctima apareció calcinado en horas de la noche. Hasta la fecha solo permanece detenida la persona que quemó el cuerpo de German Cohen, pero aún no han sido detenidos los responsables intelectuales y materiales del asesinato. Casi 10 meses después, la audiencia preliminar por este caso ha sido diferida en cinco oportunidades y el asesinato permanece impune.
El 27 de mayo una mujer agricultora fue asesinada por funcionarios de la PNB cuando se dirigía en una motocicleta a su casa. La víctima iba sentada como pasajera y su ex marido era quien conducía. Al pasar por un puesto de control policial, los funcionarios le dispararon a la mujer por la espalda, hiriéndola mortalmente en la nuca. Su ex esposo y padre de sus dos hijas logró escapar del ataque policial corriendo a esconderse tras unos matorrales. Tres funcionarios policiales se encuentran privados de libertad por el asesinato y el proceso penal está en etapa de juicio.
Por su parte Wuilderman Paredes, latonero de la población de Tabay, municipio Santos Marquina de Mérida, fue asesinado el pasado 8 de junio a causa de múltiples disparos a quemarropa accionados por un funcionario de la PNB en el contexto de una cola para surtir gasolina que tenía más de una semana. Paredes reclamaba junto a otros usuarios que los funcionarios policiales permitieran el paso preferencial en reiteradas ocasiones al mismo vehículo a recargar combustible, mientras la cola permanecía inmóvil. La acción policial habría sido ordenada por el propio jefe de la PNB en Mérida, quien permanece detenido junto a otros cinco funcionarios.
En el mismo hecho donde Wuilderman Paredes perdió la vida, los hermanos Gerardo Paredes y Luis Paredes, primos de la víctima, resultaron heridos por funcionarios policiales. Gerardo Paredes fue herido gravemente por disparos de bala en su rostro, cabeza y torso. Luis Paredes, por su parte, fue golpeado en la cabeza con la empuñadura de un arma de fuego.
El ODH-ULA denuncia que los procesos en curso por este caso han estado plagados de retrasos e irregularidades, tales como el incumplimiento de las horas fijadas para las actuaciones, el diferimiento arbitrario de las mismas, la obstaculización a las víctimas y a quienes las asisten de acceder al expediente, y la exclusión de las víctimas por extensión de ser partes en el proceso y de recibir la debida reparación e indemnización por parte del Estado.
Disparos a los ojos: práctica reiterada de la represión estatal
Otra práctica que ejercen los cuerpos de seguridad del Estado, y/o colectivos armados a su servicio, es la de amedrentar a la población que protesta legítimamente, aplicando uso desproporcionado de la fuerza con el objetivo no solo de infundir miedo sino de causar el mayor daño posible a la integridad física y psicológica de las personas.
El ODH-ULA ha determinado que disparar al rostro de las personas que manifiestan es una práctica reiterada por parte de funcionarios de las fuerzas del orden público del Estado. Durante las protestas sociales ocurridas en 2017, este Observatorio registró 22 personas heridas en los ojos entre los meses de abril y julio, solo en el estado Mérida. Las víctimas perdieron uno o ambos ojos como consecuencia de los disparos de perdigones propinados por funcionarios policiales o militares.
Casos de personas heridas de gravedad en otras partes del cuerpo por parte de funcionarios de la fuerza pública en el marco de acciones represivas también han sido documentadas por el ODH-ULA, así como la privación de liberad como forma de castigo por manifestar. Cientos de jóvenes y estudiantes han sido detenidos sin pruebas y muchos de ellos permanecen privados de libertad sin que se haya iniciado un juicio.
Uno de los casos más recientes en Mérida es el del joven Erickvaldo Márquez, estudiante de Educación Física de la ULA y líder estudiantil, quien fue detenido en su casa el 13 de septiembre de 2017 y acusado posteriormente por el asesinato de un funcionario de la gobernación del estado Mérida, ocurrido el 24 de abril de ese año en el marco de las protestas sociales registradas en la ciudad de Mérida. Márquez permanece privado de libertad, sin que haya ninguna prueba en su contra, y las audiencias de juicio han sido diferidas sin ninguna justificación en cuatro oportunidades. Por si fuera poco, el joven ha escrito a su madre sobre las torturas que ha recibido en prisión.
En todos los casos documentados para esta audiencia por el ODH-ULA, el Estado venezolano ha negado verdad, justicia y reparación a las víctimas, incentivando la impunidad y la repetición de estas violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Todas las audiencias que se celebran en este período de sesiones de la CIDH, comprendido entre el 8 y el 14 de noviembre, podrán ser vistas en vivo a través del sitio web www.oas.org/es/cidh.
