Dentro del marco de los derechos humanos se encuentran los derechos políticos, y dentro de estos se halla el derecho al voto o sufragio, el cual según el Artículo 63 de la Constitucional Nacional vigente debe ejercerse «mediante votaciones libres, universales, directas y secretas».
Pese a que, constitucionalmente, las elecciones presidenciales deben celebrarse en el presente año 2018, no obstante estas elecciones alevosamente adelantas para el primer cuatrimestre del presente año 2018 no son libres —como manda la Constitución—, por las siguientes razones:
1) La “Asamblea Constituyente” —que por ser ilegítima y fraudulenta ha sido rechazada por los organismos internacionales de DDHH y los países democráticos del mundo— carece de facultad legal para realizar la convocatoria a elecciones, pues todas las decisiones que de ella emanen son jurídicamente nulas de toda nulidad.
2) La convocatoria a elecciones es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), actuando como poder público separado e independiente de otros poderes del Estado, y que por consiguiente no está obligado a recibir órdenes del poder ejecutivo, que es el dueño de la espuria “Asamblea Constituyente». Sin embargo, como ya se sabe, el régimen dictatorial instaurado en Venezuela por el difunto expresidente Chávez y continuado por el presidente Nicolás Maduro, ha usurpado todos los poderes públicos —incluido el CNE— subordinándolos al poder ejecutivo y aniquilando el Estado de Derecho.
3) Este artero adelanto de elecciones constituye un acto violatorio de los derechos políticos de los venezolanos, realizado con odio, premeditación y alevosía, por lo siguiente:
a) Ha sido decretado como una represalia y castigo contra la oposición democrática como consecuencia de las sanciones que Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto a los principales jerarcas del gobierno por su persistencia en las masivas violaciones a los derechos humanos de la población venezolana.
b) Actúan con todo el ventajismo a su alcance, prevaliéndose del estado de confusión e incertidumbre que ellos mismos han propagado en el país, mediante efectivas campañas dirigidas a dividir y desprestigiar a los líderes políticos de la oposición.
c) Operan con un Consejo Nacional Electoral, cuya mayoría de miembros son obedientes seguidores del partido de gobierno; asimismo, un Tribunal Supremo de Justicia, una Fiscalía, una Contraloría y una Defensoría Pública también sumisos a sus intereses.
d) La mayoría de los posibles candidatos para la presidencia están injustamente: presos, en el exilio o políticamente inhabilitados.
e) Va contra toda racionalidad y legalidad el perentorio lapso, de 2 – 3 meses, para realizar elecciones, sin garantías, y que no daría el tiempo necesario para que la oposición se organice y seleccione a su candidato mediante primarias, lo que reduciría al mínimo la posibilidad de una campaña electoral suficiente; esto, entre otro conjunto de actividades que han de ser realizadas, como la validación de algunos partidos políticos debido a la arbitraria decisión dictatorial de invalidarlos por no haber participado en los últimos comicios.
f) La enorme presión física, moral y psicológica que esta situación de premura genera, constituye un ataque al derecho a vivir en democracia, a la paz y tranquilidad de la ciudadanía y de los posibles candidatos, quienes, además de los esfuerzos sobrehumanos, habrán de concurrir a las elecciones con todas las dificultades y desventajas frente al candidato Nicolás Maduro que tiene todos los medios y recursos posibles a su total disposición.
g) Infringe el derecho al sufragio a miles de jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad desde el 2016, fecha desde la cual no se han permitido más inscripciones de nuevos votantes en el Registro Electoral, e igualmente a los aproximadamente cuatro millones de venezolanos que, huyendo de las persecuciones, el hambre y la violencia, se han visto obligados a residir en el exterior.
4. Esta arbitraria y abusiva decisión de anticipar las elecciones rompe con los acuerdos de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en República Dominicana, con el apoyo de los organismos internacionales y la participación de cancilleres de varios países latinoamericanos, donde precisamente se estaban exigiendo garantías y condiciones para que estas elecciones presidenciales fuesen realizadas con apego a la Constitución, es decir, de manera transparente, libre y democrática. Uno de esos seis acuerdos era justamente la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial e independiente.
