(Mérida, 11/07/2025).- El 24 de mayo de 2025 se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.907 la Ley Orgánica del Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones 2025-2031. En este plan se establece que la educación universitaria debe estar alineada con la construcción del socialismo y el Estado comunal, el desarrollo de una economía post-rentista y la descolonización ideológica.
Como se hizo con el Plan de la Patria 2019-2025, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) analizó la concepción de la educación universitaria en este documento. Se encontraron similitudes en objetivos anteriores que no han sido cumplidos —planteados desde el primer plan de la patria del régimen de Maduro, publicado en 2013— y un mayor control estatal y político de la educación superior pública.
En resumen, al igual que el plan de la patria anterior, el nuevo impone una orientación ideológica obligatoria, subordinando toda educación, investigación y formación científica a los intereses del Estado-Partido. Asimismo, de forma implícita niega la autonomía universitaria y la libertad académica, al someter a las universidades al sistema de planificación centralizada definido por el Ejecutivo Nacional, rechazando el pluralismo y fomentando una «formación para la liberación», basada en la lealtad política.
Una diferencia fundamental que agrava lo establecido en el nuevo plan de la patria es que, a diferencia de los planes anteriores, este fue aprobado como una ley orgánica, es decir, con mayor jerarquía normativa. Esto implica que todas las entidades públicas —incluidas las universidades autónomas— deben alinearse a su contenido con carácter vinculante, sin posibilidad de ignorarlo ni modificarlo.
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Educación universitaria empobrecida y centralizada
La meta de alinear el sistema universitario a las necesidades de «transformación del sistema productivo nacional» es otro objetivo repetido e incumplido. Esto implica que la oferta académica y los programas de formación deben estar sincronizados con las prioridades económicas y sociales del gobierno, orientándose hacia la construcción de una «Venezuela Potencia» y una economía «post-rentista».
Pero la realidad es que la economía venezolana sigue siendo rentista, basada principalmente en el petróleo, cuya industria empeora cada año por falta de mantenimiento, inversión y personal capacitado. La fuga de científicos y profesores universitarios por la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país desde 2016, aunada a la asfixia presupuestaria aplicada a las universidades autónomas desde 2008, son parte de las causas del declive en la productividad nacional.
Por otra parte, el nuevo plan de la patria establece que la educación superior debe estimular el ingreso y la captación de jóvenes en programas de formación o carreras universitarias, así como en proyectos de investigación, que estén directamente conectados con la «vocación territorial en las comunas, subregiones y regiones del país» (p. 181).
Lo anterior se lograría mediante la territorialización de la educación universitaria. Las llamadas Universidades Politécnicas Territoriales (UPT) —que forman parte del sistema paralelo universitario— y la Misión Sucre son señaladas como ejes dinamizadores claves para la inclusión universitaria y el desarrollo económico y social a nivel subregional y comunal. Esto implicaría, en teoría, adaptar el sistema educativo a los requerimientos y vocaciones productivas de cada región.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ha profundizado el centralismo político, económico y productivo, aislando a las regiones de las prioridades de la nación y de la educación universitaria. Muestra de ello es la creación de nuevas universidades ubicadas todas en Caracas, con ofertas académicas que desde hace décadas ofrecen las universidades autónomas en las regiones.
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De la «descolonización» a la doctrina ideológica socialista
En el Plan de la Patria 2025–2031, el Estado venezolano establece mecanismos explícitos que refuerzan un mayor control sobre contenidos académicos, procesos de admisión y gestión universitaria. Una de las acciones más recientes que demuestran el atropello del régimen a la autonomía universitaria fue el anuncio de la eliminación de pruebas internas de ingreso en las universidades públicas, hecho por el ministro de educación universitaria, Ricardo Sánchez.
En el «eje de alineación histórica» que aparece en el nuevo plan de la patria, se establece la incorporación de estudios sobre «colonialidad y descolonización» en todas las áreas de la educación superior. Pero es en el apartado 4.1.5. donde se detallan las formas de politización de la educación técnica y universitaria, bajo la premisa del desarrollo del país y la construcción del socialismo.
Como foco de acción, el documento plantea «actualizar, adecuar y desarrollar las funciones, contenidos académicos y estrategias de formación en el sistema técnico y universitario para su alineación con el Plan de la Patria, el desarrollo territorial y de las actividades productivas para la construcción de la Venezuela Potencia, definiendo la estructura y roles de las instituciones de educación universitaria en cada escala y en todo el territorio nacional» (p. 181).
Una educación sin autonomía ni libertad académica
El diseño normativo que establece el nuevo plan de la patria constituye una violación estructural a la libertad académica, consagrada en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Observación General N.º 13 del Comité de DESC, la Recomendación de la Unesco de 1997 y los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria. En el ámbito nacional, el nuevo plan de la patria vulnera la autonomía universitaria que consagra la Constitución en su artículo 109 y la Ley de Universidades en su artículo 9.
La libertad académica no solo protege a los docentes y estudiantes frente a censura o represalias, sino que también exige que las instituciones educativas gocen de autonomía para definir sus planes de estudio y sus prioridades de investigación. Esta libertad incluye, además, la libertad de pensamiento, indispensable en toda universidad del mundo democrático.
El ODH-ULA expresa su preocupación por el progresivo avance de la politización y el control del sistema educativo universitario venezolano, iniciado desde 2003 con la creación de la Misión Sucre y consolidado en el nuevo plan de la patria. Esto, aunado al deterioro de la calidad académica por la asfixia presupuestaria y la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país, aleja aún más a Venezuela de la construcción de un pensamiento libre y crítico, necesario para el desarrollo nacional y la superación de las crisis multidimensional. También inhibe la posibilidad de ofrecer una formación profesional integral y niega las garantías necesarias para la autonomía universitaria y la libertad académica.
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