Mérida, 15 de septiembre 2026.— Para muchos venezolanos que han salido de la cárcel tras ser detenidos por motivos políticos, el fin del encarcelamiento no ha significado el retorno a una vida normal. Ahora enfrentan el inicio de una nueva fase de persecución silenciosa: la exclusión sistemática del mercado laboral.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha documentado cómo el estigma, las medidas cautelares restrictivas y el bloqueo administrativo de los antecedentes penales condenan a los expresos políticos a una situación de «muerte civil» que les impide el sustento propio y el de sus familias.
A pesar de que la Constitución nacional establece en su artículo 272 que el sistema penitenciario debe garantizar la rehabilitación y una progresiva reinserción social del interno, y el artículo 87 declara el derecho y el deber al trabajo de toda persona, la realidad para quienes salen de las cárceles tras haber sido detenidos por razones políticas es muy distinta.
Por su parte, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) prohíbe cualquier tipo de discriminación laboral basada en opiniones políticas o antecedentes penales. Sin embargo, estos principios constitucionales y legales se ven anulados por prácticas estatales y temores sociales que profundizan la vulnerabilidad de las víctimas.
El régimen de presentación: un obstáculo a la estabilidad laboral
Uno de los principales impedimentos para que un expreso político mantenga un empleo estable es la imposición de medidas cautelares sustitutivas. La mayoría de los excarcelados no recibe libertad plena, sino que quedan sujetos a regímenes de presentación obligatoria ante tribunales cada 15 o 30 días. En muchos casos, como en los de las personas detenidas en Mérida en el contexto postelectoral de 2024, los procesados deben viajar hasta Caracas para cumplir con esta medida ante tribunales con competencia en terrorismo.
Esta exigencia geográfica y temporal impide cumplir con horarios laborales. Luis*, un joven merideño liberado condicionalmente en diciembre de 2025, ha tenido al menos cuatro empleos distintos en menos de un año. El motivo no ha sido su desempeño profesional, sino la imposibilidad de que sus empleadores le concedan dos días de permiso al mes para viajar a la capital para presentarse en tribunales.
El caso de Cristian*, otro joven detenido tras las elecciones de julio de 2024, es similar: no logra establecerse en un empleo porque los patrones no aceptan sus ausencias mensuales para cumplir con el régimen de presentación.
A la inestabilidad laboral se suma el costo económico de cumplir con la justicia. El ODH-ULA estima que cada viaje desde Mérida a Caracas cuesta entre 70 y 150 dólares, una suma que los expresos políticos, que no logran tener ingresos estables, no pueden costear por sus propios medios. Esta situación crea un círculo vicioso de precariedad donde la libertad condicional se convierte en otra forma de mantenerlos en prisión.
El bloqueo de antecedentes y la «muerte civil»
Incluso cuando el expreso político no tiene restricciones de movilidad, enfrenta la barrera de la Certificación de Antecedentes Penales. Este documento, indispensable para cualquier contratación en el sector formal, se ha convertido en una herramienta de exclusión.
Julián*, padre de un joven que estuvo preso seis años por motivos políticos, relata que su hijo ha perdido decenas de oportunidades laborales por este motivo. «Cada vez que consigue un trabajo y le piden antecedentes penales, le sale que estuvo preso, y entonces lo botan o no lo contratan», lamenta.
En la plataforma digital del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, los datos de los expresos políticos suelen aparecer bloqueados o bajo un estatus de «en proceso». Este bloqueo administrativo impide a las víctimas generar la documentación necesaria para formalizar un contrato, empujándolas forzosamente hacia la economía informal o el autoempleo de subsistencia para poder comer.
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El miedo y la discriminación en el entorno social
Además de las trabas jurídicas y administrativas, existe una barrera invisible, pero igualmente discriminatoria: el miedo de los empleadores. Aura*, una profesional que ha intentado reinsertarse en la sociedad tras permanecer casi 5 años presa por motivos políticos, describe su experiencia como un proceso complejo de «regresar a la realidad».
A pesar de acudir a instancias tanto públicas como privadas en busca de empleo, la respuesta que recibe Aura es frecuentemente la misma: aunque se solidarizan con su caso, no pueden darle trabajo por «precaución» o «seguridad».
En un trabajo específico que encontró, la llamaron a la oficina de personal cuando cumplía 15 días laborando. Allí le dijeron que tenía excelentes recomendaciones y que su disposición de trabajo era muy buena, pero que habían verificado su identidad por el Sistema de Información Policial y aparecía que había estado detenida por motivos políticos. En consecuencia, con el alegato de «evitar persecuciones posteriores contra la empresa», decidieron despedirla.
«Yo me siento discriminada totalmente, con razón o sin razón, pero así me siento», expresa Aura. Esta discriminación no solo afecta la capacidad de generar sustento para hijos y familiares, sino que causa un profundo daño psicológico y moral en las víctimas, quienes sienten que la sociedad no está preparada para recibirlas de vuelta.
La insuficiencia de las propuestas legislativas actuales
El ODH-ULA advierte con preocupación que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, sancionada el 19 de febrero y dada por concluida el 23 de abril de este año, no abordó estas dificultades estructurales. Aunque la propuesta buscó eliminar responsabilidades penales, el texto presentaba vacíos críticos en materia de reparación del daño. No establecía mecanismos claros para la eliminación de antecedentes penales de forma expedita ni garantías de restitución de derechos laborales.
Para las víctimas, la reparación no es solo un concepto jurídico, sino una necesidad vital. Julián se pregunta: «¿Quién le quita las cicatrices que le quedaron a mi hijo?», refiriéndose tanto a las marcas físicas de la tortura como a las secuelas mentales que le impiden llevar una vida normal y reinsertarse plenamente en la sociedad.
Sin una política integral de justicia transicional que incluya la rehabilitación y la garantía de no repetición, la libertad de los presos políticos seguirá siendo una «libertad a medias».
El ODH-ULA reitera que el derecho al trabajo es fundamental para la dignidad humana y un componente esencial de la reparación que el Estado venezolano adeuda a las víctimas de persecución política. Es imperativo que cualquier medida de amnistía o gracia incluya la limpieza inmediata de registros judiciales y el cese de las medidas cautelares que asfixian la economía de quienes ya han sufrido el trauma de una detención arbitraria.
La verdadera convivencia democrática no podrá alcanzarse mientras quienes fueron perseguidos por motivos políticos sigan siendo castigados con estigmatización y exclusión laboral.
(*) Los nombres reales de las víctimas fueron sustituidos para evitar mayores represalias.
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