Mérida, 23 de octubre de 2026.— El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) celebra las elecciones de cogobierno profesoral realizadas el 7 de octubre de 2026. Con estos comicios, la comunidad ulandina eligió a sus representantes profesorales por primera vez desde 2008, tras reiteradas decisiones de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impedían su realización.
Los profesores eligieron cinco representantes ante el Consejo Universitario, siete ante los Consejos de Facultad, siete ante los Consejos de Núcleo y cinco ante los Consejos de Escuela. La Comisión Electoral de la ULA organizó el proceso con un Reglamento Transitorio que incorporó la participación de los profesores jubilados.
La Comisión Electoral comenzó a publicar resultados parciales el jueves 8 de octubre y el miércoles 14 dio a conocer los resultados definitivos, con la lectura del acta de adjudicación de los cargos del cogobierno universitario. Según los datos oficiales, la participación global fue del 50,68 % entre los 4.515 electores inscritos (2.079 profesores activos y 2.436 profesores jubilados).
Este proceso de renovación continuará con la elección de autoridades rectorales y decanales, prevista en primera vuelta para el 11 de noviembre de 2026 y, de ser necesario, en segunda vuelta el 11 de diciembre próximo.
¿Por qué importan estas elecciones?
Que la ULA haya podido votar de nuevo es relevante más allá de lo institucional. La autonomía universitaria y el cogobierno son condiciones indispensables para la libertad académica, es decir, para que profesores e investigadores enseñen, investiguen y publiquen sin presiones indebidas.
Las elecciones universitarias también son esenciales para que las decisiones sobre la vida académica se tomen con la participación de quienes la hacen posible. Por ello, desde el ODH-ULA resaltamos que estos comicios fortalecen los siguientes derechos y libertades:
- Derecho a la educación: porque exige instituciones con gobiernos legítimos, plurales y capaces de garantizar calidad, acceso y permanencia.
- Libertad académica y de expresión: porque requieren espacios de deliberación y discernimiento en los que el disenso y el debate de ideas, desde el respeto, sean posibles.
- Derecho a la ciencia: porque solo puede ejercerse en universidades con autonomía para producir y difundir conocimiento.
- Participación en los asuntos públicos: porque la elección libre de representantes profesorales es una expresión de este derecho dentro de la comunidad universitaria.
Voces de la comunidad universitaria
El ODH-ULA conversó con Melissa Segnini, profesora y candidata al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y con Julio Díaz, representante estudiantil que participó como miembro de mesa en la Facultad de Humanidades y Educación.
«Sin lugar a dudas, desde la Universidad de Los Andes se está dando un mensaje contundente al país. Como ciudadanos ulandinos tenemos claro que participar y elegir son elementos fundamentales de la democracia, que nos permitirán ser parte de la toma de decisiones y contribuir en el avance y desarrollo académico de nuestra universidad», afirmó Segnini.
Para Díaz, por su parte, estas elecciones universitarias constituyen una forma de lucha para recuperar la libertad académica en el país. «Estas elecciones se realizan como una forma de pelea por nuestro derecho a estudiar, aprender e investigar sin estar sujetos a líneas ideológicas establecidas por un ente mayor», precisó el estudiante.
Holaya Peña, coordinadora encargada del ODH-ULA y electora en estos comicios, afirmó que «sin elecciones universitarias libres y periódicas, no existe autonomía institucional, y sin autonomía institucional la libertad académica queda reducida a un ejercicio nominal vulnerado por el control político, la censura y el deterioro de la calidad educativa».
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Elecciones no bastan: sin financiamiento no hay libertad académica
Los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021, reconocen la autonomía como condición necesaria de la libertad académica e incluyen en ella la capacidad de decidir sobre las finanzas de la institución.
De estos principios se desprende el deber del Estado, como garante principal de este derecho, de asignar a las universidades públicas un presupuesto proporcional, transparente y suficiente para cumplir sus funciones, sin emplearlo para presionar, castigar o premiar a las instituciones ni para condicionar el pensamiento crítico. Sin recursos suficientes, la libertad de enseñar, investigar y publicar se reduce a una declaración formal.
Esto último es lo que ocurre en Venezuela desde hace casi dos décadas. El ODH-ULA ha documentado cómo la insuficiencia presupuestaria —que ha sido una política de Estado desde 2008— ha deteriorado las edificaciones y la infraestructura de las universidades autónomas, ha reducido la capacidad de investigación y ha provocado la deserción de profesores y estudiantes.
En septiembre de este año Víctor Molina, director de Programación y Presupuesto de la ULA, dijo a la prensa que la universidad solicitó más de 10.591 millones de bolívares para 2026 y el gobierno solo asignó un 10 %. Por su parte, el Rector de la universidad, Mario Bonucci, declaró en junio que la ULA, cuya matrícula ronda los 22.500 estudiantes, está funcionando con menos de 1.000 dólares al mes.
En materia salarial, la crisis es aún peor: el sueldo base del más alto escalafón docente en Venezuela equivale a menos de 0,60 dólares mensuales, frente a los cerca de 2.570 dólares que recibían estos profesores en el año 2000. El ingreso máximo por concepto de «bonos» —que otorga el régimen a través del politizado «Sistema Patria»— para un profesor titular a dedicación exclusiva es de 480 dólares.
La «guerra económica» que el régimen ha utilizado como argumento para señalar a las sanciones extranjeras como la causa de la falta de presupuesto es una farsa. El ODH-ULA ha documentado la creación de iniciativas paralelas —como el Plan «Universidades Bellas» de la Misión Venezuela Bella— a las que se han entregado recursos para obras dentro de las universidades autónomas, lo que debilita aún más la autonomía y politiza la inversión.
Exhorto y compromiso
En primer lugar, el ODH-ULA exhorta a todos los actores involucrados en estas elecciones a respetar la voluntad expresada en las urnas y el calendario electoral aprobado por las instancias universitarias, así como a garantizar que el resto del proceso se desarrolle con transparencia y sin interferencias de ningún tipo.
Seguidamente, esta dependencia universitaria exige al Estado venezolano comprometerse con un financiamiento adecuado, oportuno y transparente, que sea entregado a las autoridades legítimas de las universidades. Asimismo, que las nóminas universitarias y las becas estudiantiles sean gestionadas también por las dependencias competentes de la universidad, eliminando la centralización política a través del «Sistema Patria» que se instauró arbitrariamente en marzo de 2021.
Solo con democracia universitaria y presupuesto justo y no politizado, las universidades autónomas del país podrán recuperar su infraestructura física y tecnológica, restituir salarios dignos conforme al artículo 91 de la Constitución nacional y garantizar condiciones reales para la docencia y la investigación, en cumplimiento de los artículos constitucionales 109 y 110, así como de los principios y estándares internacionales que defienden la libertad académica y sus derechos humanos asociados.
A pesar de las dificultades económicas y sociales, el ODH-ULA reafirma su compromiso con el monitoreo y registro permanentes de la situación de los derechos humanos vinculados a la educación universitaria en todo el país.
