Resumen
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos «Padre Luis María Olaso» de la Universidad Central de Venezuela, registraron durante el mes de enero 69 incidentes relacionados con el derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario.
Desde el 20 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026, el ODHULA documentó 69 violaciones de derechos en el ámbito universitario venezolano. Estos incidentes fueron clasificados en tres categorías principales: agresiones (84%), acoso presupuestario (14%) e imposición de normas ilegales (2%).
-Acoso presupuestario: este concepto hace referencia a la política regresiva en el financiamiento de la educación superior y a la desprotección de los derechos laborales del personal universitario. Diversas instituciones han denunciado la insuficiencia crónica de los presupuestos asignados, lo que ha generado graves consecuencias: salarios insuficientes para docentes, personal administrativo y obrero; incumplimientos en pagos laborales; reducción de becas estudiantiles y creciente deserción del personal académico.
En enero, el sueldo mensual correspondiente al más alto escalafón docente se ubicó por debajo de los 2 dólares (aproximadamente 1,4 USD). En contraste, según el monitoreo de la Cámara de Comercio de Maracaibo sobre la Canasta Alimentaria Normativa (diciembre de 2025), el costo de la canasta básica alcanzó los 195.149 bolívares, equivalentes a 655 USD. En consecuencia, la depreciación del salario base refleja con claridad la amplia brecha existente entre los ingresos de los trabajadores universitarios y el costo de satisfacer necesidades alimentarias esenciales. Esta situación no solo evidencia un escenario de inseguridad alimentaria, sino que también cuestiona la capacidad adquisitiva de quienes forman parte del sector universitario, especialmente en un contexto marcado por la constante variación de los costos de vida expresados en dólares.
-Agresiones: esta categoría comprende hechos de hostigamiento contra miembros de la comunidad universitaria. Por un lado, este Observatorio monitoreó un total de sesenta y tres (63) manifestaciones pacíficas o acciones de protesta durante el mes de enero. La contabilización incluye cada evento descrito de forma independiente, considerando como tales: 49 acciones con componente físico o público visible (manifestaciones, concentraciones, vigilias, acciones simbólicas o bloqueos), incluso si ocurrieron el mismo día en diferentes lugares o universidades; 14 pronunciamientos o comunicados institucionales sin movilización física o presencia pública visible (como documentos emitidos por consejos universitarios u organizaciones asociadas a las universidades). Por el otro, tres (3) situaciones de hostigamiento contra universitarios en el contexto del Estado de Conmoción Exterior y la excarcelación de al menos once (11) universitarios que habían sido detenidos arbitrariamente por motivos políticos.
-Imposición de normas ilegales: se refiere a la prolongada prohibición de protocolización de títulos en el Núcleo Universitario Rafael Rangel en el estado Trujillo (ULA-NURR), la cual se originó en 2019 a través de una impuesta por el entonces ministro Hugbel Roa, que prohíbe al Servicio Autónomo de Registros y Notarías registrar los títulos emitidos en ULA-NURR.
