Resumen

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos «Padre Luis María Olaso» de la Universidad Central de Venezuela, registraron durante el mes de julio 16 incidentes que afectan el derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario.

Entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se registraron diversos incidentes clasificados en tres categorías principales: 63% por acoso presupuestario, 35% por imposición de normas ilegales y 13% por agresiones.

-Acoso presupuestario: este concepto alude a la política regresiva en el financiamiento de la educación superior y la desprotección de los derechos laborales del personal universitario. Diversas universidades venezolanas han denunciado la insuficiencia crónica de los presupuestos asignados, lo que ha derivado en graves afectaciones como: salarios insuficientes para el personal docente, administrativo y obrero; incumplimientos en los pagos laborales; reducción de becas estudiantiles y deserción del personal docente. Ante esta realidad, la comunidad universitaria ha impulsado numerosas manifestaciones y pronunciamientos para exigir condiciones dignas que permitan satisfacer sus necesidades básicas y garantizar el funcionamiento institucional.

El salario base de un profesor titular a dedicación exclusiva se ubicó en julio de 2025 por debajo de USD 5 mensuales, mientras el bono vacacional —que en 2002 equivalía a más de USD 4.800— fue reducido a apenas USD 56, lo que representa una pérdida del 95 % de su valor adquisitivo.

-Agresiones: esta categoría comprende hechos que vulneran la autonomía universitaria y configuran escenarios de persecución política contra miembros del ámbito académico. Particularmente, se documenta la detención arbitraria del estudiante Simón Bolívar Obregón como parte de un patrón de persecución hacia las personas disidentes o percibidas como tales.

-Imposición de normas ilegales: se refiere a distintas medidas (administrativas y judiciales) normativas que afectan la autonomía universitaria, promovidas por el poder ejecutivo en su mayoría, las cuales despojan a las instituciones universitarias de su capacidad de autogobierno, gestión académica y administración financiera.

Entre las acciones más preocupantes en el mes de julio se encuentran la imposición del Sistema Nacional de Ingreso como mecanismo único de admisión, la eliminación de pruebas internas gestionadas por las universidades, el uso de medidas cautelares abusivas por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y la eliminación de aranceles universitarios. Estas medidas, se inscriben en una tendencia de control que vulneran la autonomía universitaria.

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