Situación de las universidades en Venezuela, Reporte mensual: junio, 2025

Resumen

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos «Padre Luis María Olaso» de la Universidad Central de Venezuela, registraron durante el mes de junio 33 incidentes que afectan el derecho a la educación y otros derechos humanos en el contexto universitario.

Entre el 1 y el 30 de junio de 2025 se registraron diversos incidentes clasificados en cinco categorías principales: 58% por acoso presupuestario, 39% por agresiones y 3% por otros motivos.

-Acoso presupuestario: este concepto alude a la política regresiva en el financiamiento de la educación superior y la desprotección de los derechos laborales del personal universitario. Diversas universidades venezolanas han denunciado la insuficiencia crónica de los presupuestos asignados, lo que ha derivado en graves afectaciones como: salarios insuficientes para el personal docente, administrativo y obrero; incumplimientos en los pagos laborales; reducción de becas estudiantiles y de las matrículas activas. Ante esta realidad, la comunidad universitaria ha impulsado numerosas manifestaciones y pronunciamientos para exigir condiciones dignas que permitan satisfacer sus necesidades básicas y garantizar el funcionamiento institucional.

-Agresiones: esta categoría comprende hechos que vulneran la autonomía universitaria y configuran escenarios de persecución política contra miembros del ámbito académico. Particularmente, por un lado, se han documentado detenciones arbitrarias de profesores universitarios como parte de un patrón de hostigamiento hacia profesionales independientes y críticos. Por otra parte, la imposición, -por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)- de medidas orientadas a eliminar las pruebas internas o diagnósticas como mecanismo de ingreso a las universidades públicas, lo que representa una violación directa a la autonomía universitaria.

-Otros motivos: incluyen acciones colectivas y comunicados de estudiantes, docentes y autoridades universitarias en rechazo a la decisión de eliminar las pruebas internas de admisión, así como denuncias sobre el deterioro de los derechos laborales del sector universitario. Estas expresiones reflejan una profunda preocupación por el impacto de tales políticas en la calidad educativa, la meritocracia y la vigencia de los derechos humanos en el ámbito académico.