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Acceso a la justicia: Erosión de la autonomía e independencia del Ministerio Público e impunidad en Venezuela (Leer informe aquí)

Esta contribución documenta la vulneración del principio de autonomía e independencia de los y las fiscales en Venezuela y sus diversas manifestaciones. A los efectos de este documento, la autonomía e independencia de los fiscales adscritos al Ministerio

Público (prosecutorial independence) implica que estos tienen la facultad y el deber de ejercer sus funciones de manera imparcial y objetiva, actuando conforme a derecho, sobre todo en las funciones relativas al ejercicio de la acción penal, como son la investigación y persecución de los hechos punibles presuntamente cometidos.

Para ello, es necesario que el Ministerio Público cuente con suficientes recursos y que no sea influenciado por los poderes del Estado, por presiones políticas, por agentes externos y/o criminales y que se garantice que los fiscales no sean objeto de ataques, amenazas u hostigamiento.

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Derecho a la cultura: erosión institucional, desinversión y criminalización de la labor científica en Venezuela (Leer informe aquí)

Aunque la Constitución Nacional establece en su artículo 110 que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, por ser instrumento esencial para el desarrollo del país, el Estado ha implementado reformas legislativas desde el año 2010 con el propósito de subordinar la labor científica a la construcción del “socialismo bolivariano del Siglo XXI” y centralizar la gestión de los recursos de ciencia y tecnología en el Ejecutivo Nacional.

La Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI) fue modificada en los años 2010 y 2014 con el objeto de atribuir exclusivamente al Ejecutivo Nacional las políticas y recursos dirigidos a las áreas de desarrollo en ciencia y tecnología, excluir de estas áreas a los actores del sector privado y politizar la labor científica, sometiéndola a los objetivos del “Plan de la Patria para la construcción del socialismo bolivariano”. El nuevo proyecto de reforma de la LOCTI aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, el 5 de mayo de 2021, persevera en la politización de la ciencia cuando señala en su artículo 1 que la gestión del conocimiento debe estar encadenada a la visión revolucionaria.

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Educación superior y corrupción. Las universidades paralelas en Venezuela (Leer informe aquí)

A partir del año 2003 el Ejecutivo Nacional, mediante decretos presidenciales comienza a implementar un sistema paralelo de universidades caracterizado por su subordinación al Ejecutivo Nacional y la ausencia de autonomía y libertad académica. Aunque el sistema se origina supuestamente con el objetivo de permitir el acceso a la educación superior de las grandes mayorías, excluidas por razones sociales, económicas y/o geográficas, el sistema se fue desarrollando y consolidando como una red proselitista para adoctrinar en el dogma socialista bolivariano y consolidar el proyecto político revolucionario de Hugo Chávez.

Muchos recursos se dilapidaron en programas de ideologización y proselitismo en detrimento de la calidad educativa, acentuando de esta manera la desigualdad y la exclusión que supuestamente se pretendían superar con la implantación de un sistema universitario paralelo.

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Contribuciones al Tercer Ciclo Examen Periódico Universal Sobre Venezuela 2022
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