En la región andina de Venezuela, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes ha documentado entre 2014 y 2019 actuaciones arbitrarias de funcionarios policiales y militares, constituyendo muchas de ellas violaciones de derechos humanos.
Foto cortesía de Human Rights Council, UN

(Mérida 29/09/2020).- Las Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentadas en el marco del cuadragésimo quinto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se basaron en la revisión de más de 3.000 casos de violaciones de derechos humanos cometidos en el país entre los años 2014 y 2020. En todos ellos hay evidencias de participación directa o indirecta de funcionarios del régimen de facto, incluido el presidente ilegítimo Nicolás Maduro.

Entre las violaciones de derechos humanos documentadas por la ONU se encuentran ataques e incursiones ilegales en recintos universitarios, detenciones arbitrarias, asesinatos en protestas, represión, persecución contra políticos opositores, ejecuciones extrajudiciales en el marco de operaciones de seguridad, torturas, tratos crueles y degradantes, violaciones al debido proceso y encarcelamientos por motivos políticos. Algunas de estas transgresiones son consideradas por la referida Misión como crímenes de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de Roma.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha documentado desde su creación, en el año 2014, casos que constituyen violaciones de derechos humanos como las documentadas por la ONU, señaladas en el párrafo anterior. Para este observatorio resulta fundamental recordar, en el marco de la publicación del citado informe, algunos de los casos más representativos ocurridos en la región andina y documentados por el ODH-ULA.

Aquí puede descargar el Informe completo de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela

Universidades y universitarios atacados

Desde que comenzaron las protestas sociales de 2014, más de 20 universidades fueron objeto de diversos ataques por parte de funcionarios policiales, militares y civiles apoyados por el gobierno de Nicolás Maduro, que incluyeron disparos de armas de fuego y de bombas lacrimógenas, así como quemas de bibliotecas y de otras instalaciones. Uno de los casos más deplorables fue el incendio provocado el 10 de marzo de ese año en la sede de la emisora de radio de la Universidad de Los Andes (ULA) en el estado Táchira, tras enfrentamientos entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y ciudadanos que protestaban. Este hecho permanece impune.

En mayo de 2014, funcionarios ingresaron a las instalaciones de la Facultad de Medicina con el objeto de reprimir a un grupo de estudiantes que manifestaban contra el sistema de salud paralelo que el gobierno está consolidando y contra la homologación de títulos de médicos. Durante esta incursión ilegal al recinto universitario, fueron usadas armas de fuego.

A finales de ese mes se realizaron en Mérida más de doscientas citaciones a profesores y personal de la ULA a comparecer ante la Fiscalía, en calidad de testigos sobre los hechos ocurridos en la ciudad en el marco de las protestas ocurridas ese año.

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El año 2017 no estuvo exento de ataques a recintos universitarios en la región andina. El 8 de marzo, un grupo de aproximadamente 80 civiles armados tomaron las instalaciones del Núcleo Táchira de la ULA, desalojando a estudiantes y profesores de sus aulas. 14 días después grupos paramilitares agredieron a universitarios, forzando el desalojo del Núcleo. No hubo respuesta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado frente a este atropello.

En la ciudad de Mérida, el 17 de abril de 2017 aparecieron grafitis con mensajes ofensivos y en defensa del gobierno oficialista en las paredes del edificio del Rectorado y otros espacios de la ULA. El 8 de mayo la Facultad de Farmacia y Bioanálisis fue tomada por encapuchados identificados como afectos al oficialismo con intención de evitar la realización de una asamblea estudiantil.

Durante ese año dos profesores de la ULA fueron detenidos arbitrariamente. Rafael Cuevas, profesor de la Escuela de Historia y representante de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (Apula), fue detenido el 26 de junio en Mérida por funcionarios de la policía estatal y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando se encontraba en una manifestación pacífica. Cuevas fue golpeado durante su captura y traslado. Aunque la fiscalía solicitó libertad plena no fue liberado sino 11 días después, exigiéndosele fiadores e imponiéndosele medida cautelar de presentación cada 15 días.

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El 10 de octubre en el estado Falcón, de donde es oriundo, el profesor Isaac López Osorio, también de la Escuela de Historia de la ULA, fue detenido en medio de una protesta pacífica por fallas en los servicios de agua potable y electricidad. López fue torturado durante su detención y, según su testimonio, fue evaluado por el médico forense delante de sus maltratadores y sometido a burlas e insultos durante el proceso de revisión médica.

Una de las acciones más rechazadas por la comunidad universitaria y por la ciudadanía merideña en general fue el cierre de ULA TV, ordenado el 15 de junio de 2017 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Esta era la única televisora universitaria existente en Venezuela. Su señal continúa apagada y sus equipos confiscados.

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Represión desmedida en Los Andes en 2014 y 2017

Según estimaciones del ODH-ULA, 80% de las protestas pacíficas ocurridas en Mérida en el año 2014 fueron reprimidas; 30% de ellas con armas de fuego. Según constataciones del ODH-ULA, las municiones utilizadas para reprimir fueron alteradas o modificadas para producir mayores daños. Los cartuchos de perdigones, por ejemplo, estaban rellenos de tuercas, clavos, vidrio, cera de vela o sal.

En Mérida las protestas ocurridas en 2014 fueron fuertemente reprimidas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la GNB, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía del estado Mérida, el Grupo de Reacción Inmediata (GRIM), el grupo antimotín y civiles ilegalmente armados, conocidos como colectivos.

De 147 lesiones reportadas al ODH-ULA en el año 2014 por 36 agraviados, 86 se originaron por tratos crueles infringidos a aquellos, entre los que se incluyen arrojar o restregar en la cara gas pimienta, golpes con puños, armas u otros instrumentos como rejos, rolos y correas, ayuno forzado, patadas, descargas eléctricas, aplicación de esposas, heridos por disparos de perdigones modificados, heridos de bala, tirones de pelo, obligarlos a morderse la lengua, arrojarles piedras, obligarlos a arrodillarse aun estando heridos y golpes en las manos.

En 2017 destacó un tipo de represión no registrado en 2014 y que volvió a aplicarse en 2019. Entre los meses de abril y julio, en el contexto de las protestas antigubernamentales, 22 personas recibieron disparos directos a los ojos en el estado Mérida, heridas que en todos los casos causaron pérdida parcial o total de la visión. El promedio de la edad de los afectados es de 23 años, siendo el menor de ellos un estudiante de educación básica de tan sólo 14 años de edad. El 1° de julio de 2019 funcionarios policiales dispararon al rostro del joven Rufo Chacón, quien protestaba en el estado Táchira por falta de gas doméstico, ocasionándole la perdida de ambos ojos.

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Detenciones arbitrarias con torturas

Entre los meses de abril a octubre de 2017, el ODH-ULA registró al menos 290 detenciones arbitrarias en el estado Mérida, realizadas sin orden de detención y sin flagrancia, por parte de funcionarios de la policía estadal, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), del Sebin y de la GNB. Destacan los casos de Juan Lares, hijo del alcalde opositor del municipio Campo Elías, Omar Lares, y de los estudiantes de la ULA Carlos Ramírez y Erickvaldo Márquez.

Juan Lares permaneció detenido desde el 30 de julio de 2017 hasta el 2 de junio de 2018, la mayor parte de este tiempo en El Helicoide. El 17 de octubre de 2017 su padre denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la detención ilegal de su hijo, señalando que fue torturado, rociado con gasolina y amenazado por funcionarios policiales de quemarlo vivo si no revelaba el paradero de su padre.

Según datos del Foro Penal, durante 2017 en el estado Mérida fueron presentados ilegalmente ante la justicia militar al menos 10 personas, cuatro de ellas estudiantes universitarios. Carlos “Pancho” Ramírez, estudiante y dirigente estudiantil de la ULA, fue detenido el 15 de mayo y liberado el 20 de noviembre de ese mismo año. Durante su detención, Ramírez fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

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Por su parte Erickvaldo Márquez, estudiante de Educación Física y líder estudiantil, fue detenido en su casa el 13 de septiembre de 2017, acusado sin pruebas de un asesinato ocurrido el 24 de abril de ese año, durante las protestas registradas en la ciudad de Mérida. Dos días después fue presentado ante el Juez de Control Carlos Márquez, quien lo acusó del homicidio de Jesús Sulbarán, un funcionario de la gobernación del estado.

Márquez, quien hasta la fecha permanece detenido a causa de reiterados diferimientos injustificados de las audiencias de juicio, también ha sido objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Su madre, Zulay Moreno, dijo al ODH-ULA que su hijo le ha dejado mensajes en papeles metidos dentro de su ropa sucia diciéndole que lo han golpeado y que en varias oportunidades le pegaban en la espalda, le colocaban una bolsa en la cabeza y electricidad en los testículos hasta lograr que se desmayase.

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Ejecuciones extrajudiciales en 2019

La Misión de la ONU señala en su informe que “pudo acceder a un plan regional desarrollado a partir de la matriz del Plan Zamora, la “Orden Fragmentaria del Plan Zamora” del ZODI Nº 22, Mérida (…) La Orden Fragmentaria describe la estrategia para la presencia militar y policial durante las protestas de febrero de 2019 en el estado de Mérida”.

Entre enero y junio de 2019, tres personas fueron asesinadas en el estado Mérida a manos de funcionarios policiales estando en el ejercicio de sus funciones. “En todos los casos hubo uso indiferenciado de la fuerza y se violaron los estándares nacionales e internacionales de actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, precisa el informe elaborado por este observatorio ese año.

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Germán Cohen, estudiante de Derecho de la ULA, fue asesinado de cuatro disparos el 23 de enero de 2019, en el marco de la marcha convocada por el Presidente interino Juan Guaidó. Por su indumentaria, testigos identificaron a un funcionario de cuerpos de seguridad del Estado como el autor material del homicidio. Su cadáver apareció calcinado horas después de culminada la protesta, presumiblemente para borrar evidencias. Hasta el momento sólo ha sido detenida la persona que quemó el cuerpo de Cohen, pero aún no han sido detenidos los responsables intelectuales y materiales del asesinato.

El 8 de junio de ese mismo año, cuando la escasez de gasolina se agudizó como nunca antes en el estado Mérida, Wuilderman Paredes fue asesinado con arma de fuego por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que cumplía funciones y órdenes de su superior en el contexto de una cola por combustible que sumaba una semana en la localidad de Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina. Gerardo Paredes, primo de la víctima, también recibió disparos que le causaron lesiones de gravedad.

Hasta la fecha, y con la pandemia por COVID-19 como excusa, los funcionarios detenidos por el hecho no han recibido sentencia. El equipo jurídico del ODH-ULA representa a las víctimas por extensión de Wuilderman Paredes, su madre, su viuda y su pequeña hija.

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Los casos aquí descritos constituyen apenas una muestra de las violaciones de derechos humanos ocurridas en los estados andinos del país y documentadas en informes por el ODH-ULA desde 2014 y hasta 2019.

Violaciones de derechos humanos documentadas por la ONU también ocurrieron en la región andina

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