Informe semestral con especial referencia a la región andina: Mérida, Táchira y Trujillo.
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Resumen ejecutivo
En este informe, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) da cuenta de las constantes violaciones a los derechos humanos entre marzo y septiembre del 2020, en el contexto de la cuarentena con motivo de la pandemia. Se registran en este informe los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que el ODHULA ha podido investigar y documentar. Está dividido en 9 secciones concernientes a los derechos a la vida, a la salud, a la libertad personal, a la libertad de expresión y de manifestación, el acceso a la justicia y el derecho a disfrutar de bienes y servicios públicos de calidad. Se observa un grave retroceso en la calidad de los servicios públicos en la región andina, lo que afecta necesariamente el disfrute de todos los demás derechos humanos, que cada vez son más cercenados. La libertad de expresión y el derecho a la manifestación continúan siendo objeto de restricciones, contándose una persona asesinada y varias detenciones arbitrarias durante protestas por fallas en los servicios públicos. Personal de salud ha sido detenido o amenazado para restringir su derecho a expresarse o a difundir información sobre la situación de salud en la región, y discriminado en el otorgamiento de salvoconductos y el suministro de combustible. La situación de los centros de salud sigue siendo cada vez más precaria, con severas carencias de insumos necesarios para enfrentar la pandemia. El trabajo de reporteros y periodistas se ha visto afectado no sólo por la imposibilidad de movilizarse —dada la falta de combustible vehicular—, sino también debido a restricciones arbitrarias por parte de funcionarios de seguridad del Estado. En dos estados de la región andina, Mérida y Táchira, el Ejecutivo Nacional ha impuesto un gobierno paralelo a las legítimas autoridades electas por el pueblo, despojándolas de sus atribuciones y competencias que por mandato constitucional les corresponde. Hay en Venezuela una fáctica abolición de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho.
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