(Mérida 07/02/2020).- Víctimas, especialistas y representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) estuvieron este jueves 6 y viernes 7 de febrero en la ciudad de Cúcuta, Colombia, para participar en las reuniones de venezolanos sostenidas con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expusieron casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado venezolano en Mérida.


Víctimas, especialistas y representantes del ODH-ULA expusieron ante la delegación de la CIDH en Cúcuta los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en la región andina del país.

Las reuniones con los delegados de la CIDH se realizaron en el Centro Cultural Quinta Teresa. Más de 18 organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos estuvieron presentes junto a víctimas que expusieron sus casos ante la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena; la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz; y el Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELA), Edison Lanza. También estuvo presente un equipo técnico del órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Represión desmedida

Manuel Guillén y Leonard Rondón, dos jóvenes que perdieron parcialmente la visión a causa de disparos directos a sus rostros propinados por funcionarios policiales en el marco de las protestas sociales de 2017, contaron a la delegación de la CIDH sus casos, por los que no hay ningún detenido ni se ha hecho justicia.

El ODH-ULA contabilizó más de 20 personas que perdieron uno o ambos ojos como consecuencia de la represión estatal ejercida durante las protestas sociales de 2017, solo en el estado Mérida. El caso más reciente de este tipo también ocurrió en la región andina del país, específicamente en Táchira, donde el adolescente Rufo Chacón perdió ambos ojos a causa de disparos de perdigones propinados por funcionarios policiales el primero de julio de 2019, mientras ocurría una protesta ciudadana por falta de gas doméstico.

Al respecto de esta práctica represiva, Estrella Uzcátegui, médico venezolana y exdirectora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) de Mérida, contó a la delegación de la CIDH las características de los perdigones extraídos de los rostros de las víctimas, los cuales habían sido modificados intencionalmente en su composición material para causar el mayor daño posible. Estas evidencias han sido incluidas en los informes elaborados por el ODH-ULA.

Ejecuciones extrajudiciales

Otra de las víctimas que expuso su caso ante los delegados de la CIDH fue Gerardo Paredes, primo de Wuilderman Paredes, quien fue asesinado en una cola de gasolina en junio de 2019 por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Paredes contó a los relatores el hecho, en el cual él también recibió disparos por parte de los funcionarios de la PNB que le causaron lesiones de gravedad y por poco la muerte.

Los abogados del ODH-ULA contaron a los delegados de la CIDH las no pocas irregularidades cometidas durante el juicio en curso por este caso, en el cual son defensores de las víctimas por extensión del fallecido -su madre, su viuda y su hija- y de Gerardo Paredes.

Ataques a las universidades

Finalmente, este Observatorio no dejó de relatar a la delegación de la CIDH las reiteradas violaciones cometidas contra las universidades autónomas del país y sus profesores, estudiantes, autoridades y personal administrativo y obrero. El ODH-ULA recordó los casos de los profesores Manuel Rachadell y Miguel Albujas, quienes están sometidos injustamente a medidas cautelares,

El ODH-ULA también hizo referencia a los delegados de la CIDH sobre la reciente sentencia N° 0324 emitida por la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la cual se pretender socavar aún más la ya atacada autonomía universitaria.

Este Observatorio agradece el esfuerzo de la CIDH por lograr este encuentro en la frontera colombo-venezolana, como una forma de acercarse a las víctimas del régimen ilegítimo que encabeza Nicolás Maduro y brindarles la oportunidad de exponer sus casos, ante el bloqueo ejercido por el régimen a la visita in loco que este órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) tenía prevista hacer en Venezuela.

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