(Mérida 24/01/2020).- El pasado miércoles 22 de enero inició el juicio por el asesinato de Wuilderman Paredes, perpetrado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 8 de junio de 2019. Este hecho ocurrió en el contexto de una cola para surtir gasolina que llevaba más de una semana en el sector Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida.
Tras más de siete meses del asesinato, donde también resultó gravemente herido Gerardo Paredes, primo de la víctima, los abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denuncian que el inicio del juicio estuvo plagado de irregularidades que violan el principio de igualdad entre las partes, consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp).
“El artículo 12 del Copp establece que corresponde a los jueces garantizar sin preferencias ni desigualdades la justicia, y no fue lo que ocurrió en el inicio de este juicio. Los imputados y los abogados de los imputados tuvieron un trato y las víctimas otro”, asegura María Alejandra Castillo, abogado del ODH-ULA y una de las representantes jurídicas de las víctimas por extensión de este caso.
El ODH-ULA también señala que el inicio del juicio fue diferido en tres ocasiones y que no hubo la debida citación a las víctimas, impidiendo que pudieran nombrar con tiempo una representación legal.
Víctimas por extensión desamparadas
En cuanto a los derechos que tienen las víctimas por extensión de este caso, el ODH-ULA rechaza la violación del artículo 49 de la Constitución nacional y el 23 del Coop, concernientes al derecho a la defensa y asistencia jurídica en todas las fases del proceso penal y a la protección y reparación de daños a los que tengan derecho las víctimas, respectivamente.
“Los abogados del ODH-ULA somos apoderados de las víctimas por extensión, que son María Leonora Moreno, madre de Wuilderman Paredes, y Zulibeth Dugarte, pareja de la víctima y madre de una bebé de un año de nacida, hija también del fallecido. Hoy el juez impidió que ellas se sentaran junto a nosotros en el proceso del juicio, violando su derecho a estar acompañadas por sus representantes jurídicos”, denunció Castillo.
El ODH-ULA también señala que en la etapa preliminar del juicio fue rechazada la acusación propia hecha por los abogados de las víctimas por extensión en razón de solicitar al Estado la debida reparación a las mismas. Esta decisión fue apelada por los abogados de las víctimas, sin embargo, la corte de apelaciones no ha dado respuesta, con una moratoria de 40 días.
Violaciones a los derechos de un testigo y víctima
En la primera fase del juicio declaró como testigo Gerardo Paredes, quien también fue víctima del ataque perpetrado por los seis funcionarios de la PNB que están siendo imputados. El ODH-ULA denuncia y rechaza el trato dado a este testigo por parte de los abogados de los imputados y por el juez, violando el artículo 339 del Copp, el cual establece que “el Juez o Jueza moderará el interrogatorio y evitará que él o la declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas”.
Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA y otra de las abogadas de las víctimas por extensión, rechazó que durante el interrogatorio hecho a Gerardo Paredes el juez permitiera la realización de preguntas inquisitorias por parte de los abogados de los imputados, revictimizando de esta manera a las víctimas. “Uno de los abogados de la defensa le preguntó a la víctima si sentía ira. Esa es una pregunta impertinente, y el juez no intervino para impedirla, así como no impidió ninguna de las otras preguntas indebidas”, agregó al respecto Hocevar.
Además de las violaciones al debido proceso señaladas, el juez de juicio se negó a oír al abogado de la víctima Gerardo Paredes, violando el artículo 49 de la Constitución nacional.
Gerardo Paredes era mecánico de maquinaria pesada antes de ser herido por los funcionarios imputados. Las lesiones causadas le impiden volver a ejercer su oficio. Entre otros daños irreparables, la víctima perdió parte de la visión de su ojo izquierdo.
“No me mataron porque se les acabaron las municiones. Yo les gritaba que no me dispararan más. Dios me dejó vivo para que la gente sepa qué me pasó y que esto no vuelva a pasar. Lo que me pasó a mí no se lo deseo ni a los policías que me hirieron ni a sus familias”, expresó Paredes durante su intervención en el juicio.
ODH-ULA exige justicia, no repetición de hechos y reparación a las víctimas
El ODH-ULA exige que este caso, así como todos aquellos donde el Estado, a través de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, ha violado derechos humanos, no se repitan, sus víctimas sean debidamente reparadas y no haya impunidad.
“Nosotros no venimos a condenar a ninguno de los imputados. Nosotros venimos a asegurar el respeto a los derechos humanos, que en este caso incluye la no repetición de hechos como este, la garantía de reparación del daño y que no haya impunidad”, precisó Castillo.
El ODH-ULA señala, además, que un Estado sin separación de poderes, como es el caso de Venezuela, no garantiza la realización de juicios imparciales a funcionarios de la fuerza pública. “En juicios como el de hoy vemos que jueces no independientes inclinan la justicia en favor de violadores de derechos humanos”, indicó Hocevar.
