2- 12 de julio 2019
ODH-ULA exige a Ministerio Público respuestas al caso de Charlis Quiroga
El 06 de abril de 2019, en el municipio Obispo Ramos de Lora, estado Mérida fue agredido Charlis Quiroga (30 años) por dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando salió de su casa para observar una protesta que estaba siendo reprimida por la GNB.
Charlis, recibió 18[1] perdigonazos a quema ropa en cabeza, rostro, cuello y hombros, además de ser agredido y amenazado por oficiales de la GNB al tratar de trasladarse con su vehículo personal a un centro médico de atención.
Con asistencia del ODH-ULA, el 09 de abril de 2019 se presentó la denuncia ante la Fiscalía N° 13 del estado Mérida. Hasta ahora no se han identificado a los agresores, a pesar de que Charlis Quiroga expresa su capacidad para reconocerlos.
Alejandra Castillo, abogada del ODH-ULA señaló que “el ataque a Charlis fue feroz y desmedido, y sigue siendo una práctica por parte de funcionarios de seguridad contra civiles desarmados”
El ODH-ULA sigue haciendo las diligencias correspondientes al caso, pero aún no se han obtenido respuestas por parte de los órganos de investigación. Exigimos al Ministerio Público que realice la investigación de forma efectiva, transparente y eficiente para que esta agresión no quede impune. De igual manera insta a los ciudadanos seguir denunciando las malas actuaciones por parte de los efectivos de seguridad del Estado.
Continúan las amenazas de invasión a la finca Judibana-ULA
La Finca Judibana es amenazada con ser invadida nuevamente por la cooperativa “Consejo Los Pobladores”. La finca Judibana es una dependencia para la formación e investigación de la Universidad de Los Andes, que desde 2016 estuvo invadida, a pesar de existir una orden de desalojo por parte de Tribunal Agrario competente, hasta el 8 de marzo de 2019, que con el apoyo de la comunidad del municipio Alberto Adriani, estado Mérida, se logró finalmente expulsar a los invasores. Sin embargo, este 5 de julio recibió nuevamente amenazas de toma de los terrenos por la mencionada cooperativa.
El ODH-ULA en su informe “Invasión de dependencias universitarias”[2] documentó que entre los años 2004 a 2018 al menos catorce dependencias universitarias de cinco universidades autónomas venezolanas, en seis estados del país, han sido invadidas frente a la inacción del Estado y denunció que desde 2001 políticas y discursos gubernamentales alientan estas prácticas delictivas.
Continúan los apagones en la región andina.
El 7 de julio de 2019, nuevamente se registró un apagón en los estados Mérida, Táchira, Apure y Portuguesa[3]. En el estado Mérida se reportaron algunas zonas con fallas de energía eléctrica entre 14 y 21 horas, y los días siguientes con suspensiones del servicio entre 5 a 9 horas diarias.
Durante 2018, el ODH-ULA en su informe Fallas Estructurales de Servicios Básicos[4] describe la crisis que se vive por la no disponibilidad de los servicios básicos en la región y determina que más del 50% de las protestas durante este año por fallas servicios, fueron debido a los continuos cortes de electricidad en las comunidades.
En la región andina las fallas del suministro eléctrico continúan afectando a los ciudadanos entre 4 y 8 horas diarias. Son cortes no programados y que muchas veces vienen acompañados de altibajos de tensión que dañan los aparatos eléctricos sin ningún tipo de indemnización. Por su parte, el pasado 4 de julio, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el informe sobre la situación de Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en la sección sobre los derechos económicos y sociales, punto 12 expresa:
“El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”[5].
En cuanto al derecho a la salud, punto 19 indica:
“Los apagones han causado daños irreparables, como se revela en reportes que indican que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019”[6]
El ODH-ULA exhorta a los organismos del Estado a accionar los mecanismos necesarios de gestión para dar solución a estos graves problemas a los que se enfrentan los ciudadanos y dar la información oportuna y veraz sobre lo que acontece con los servicios básicos en el país.
[1] Total de perdigones recibidos según informe médico.[2] Informe ODH-ULA “Invasión de dependencias universitarias”
https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2019/02/Informe-Preliminar-Invasi%C3%B3n-de-dependencias-universitarias.-Violaci%C3%B3n-de-la-autonom%C3%ADa-el-derecho-a-la-educaci%C3%B3n-y-el-acceso-a-la-justicia-en-materia-ambiental.pdf[3] Cuenta Twitter de CORPOELEC https://twitter.com/CORPOELECinfo/status/1148052081531596800?s=20[4] Informe Fallas Estructurales de Servicios Públicos 2018 https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Tem%C3%A1tico-I-2018-Fallas-estructurales-Servicios-P%C3%BAblicos-ODH-ULA-Upload.pdf[5] Informe ONU https://prodavinci.com/lea-el-informe-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-venezuela-de-la-oficina-del-alto-comisionado-de-la-onu/[6] Informe ONU https://prodavinci.com/lea-el-informe-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-venezuela-de-la-oficina-del-alto-comisionado-de-la-onu/
Boletin disponible en: https://mailchi.mp/91e902a6f4db/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-2
