VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN ANDINA EL 23 DE ENERO DE 2019 EN EL CONTEXTO DE LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS

El 23 de enero de 2019, en el marco de la marcha convocada por el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, para exigir la realización de elecciones libres y la restitución del orden democrático. El ODH-ULA registró un total de tres personas fallecidas y más de 40 heridas, entre ellas una menor de edad. Así mismo, 15 detenciones arbitrarias en el estado Táchira[1] y más de ocho en el estado Trujillo.

Estado Mérida

Varias horas después de finalizada la marcha se supo del asesinato, por impacto de bala, de Germán Cohen, de 33 años de edad,  y la posterior incineración de su cuerpo en las inmediaciones del Viaducto Campo Elías, Mérida.  Se desconocen el motivo y los responsables de este asesinato.

Lo que se sabe es que la identidad del fallecido solo se conoció 24 horas después. Por otra parte, en las horas en las que habría ocurrido el hecho, tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana y Comisiones de la Policía del Estado Mérida se encontraban presentes con el Viaducto Campo Elías. Tampoco se explica por qué la Comisión del CICPC tardó tanto en hacer el levantamiento del cadáver y su posterior identificación.

El viernes 25 de enero el Vicepresidente del PSUV en los estados Mérida y Trujillo, Sr. Jheyson Guzmán declaró en rueda de prensa, y de manera irresponsable, que los manifestantes estaban implicados en el asesinato de German Cohen sin explicar por qué la GNB y la Policía del Estado Mérida, a pesar de haber estado desplegada en la zona a la hora donde ocurrió el asesinato, no lo evitó, ni capturó, in fraganti, a los responsables.

Rechazamos las irresponsables declaraciones de Jheyson Guzmán, designado ilegalmente como Protector de Mérida,  responsabilizando a la coalición opositora que manifestaba pacíficamente el 23 de enero en Mérida, del asesinato de German Cohen.

El ODH-ULA ha documentado las prácticas violatorias de los derechos humanos en el marco de las manifestantes de los años 2014, 2017 y 2018, evidenciando que existe un patrón de represión desproporcionada a manifestantes que expresan su crítica al gobierno[2].

Desde el gobierno se han repartido armas a civiles y conformado grupos irregulares que actúan solos o en colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir a la población civil que disiente del proyecto político bolivariano socialista.

Desde el ODH-ULA, reiteramos que los venezolanos exigimos el retorno a la democracia, la realización de elecciones libres y transparentes en el marco de los principios constitucionales, único en el cual podrá haber Estado de Derecho, justicia y reparación para las víctimas de la represión estatal.



[1] Con información de la ONG del estado Táchira, Proyecto 860.

[2] Informes en: www.uladdhh.org.ve

BOLETÍN: VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN ANDINA EL 23 DE ENERO DE 2019

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