Gobiernos de toda América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos firmando el Acuerdo de Escazú durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre; así lo ha afirmado hoy el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes una carta conjunta firmada por más de un centenar de ONG y entregada a los jefes de Estado de los 33 países de la región.

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“El apoyo a esta iniciativa es muy importante para el desarrollo de políticas públicas en las que el Estado participe conjuntamente con las comunidades para impulsar el desarrollo sin afectar el medio ambiente, ni el equilibrio ecológico. En Venezuela tenemos grave destrucción ecológica poco visibilizada. Ejemplo de ello es la destrucción ambiental consecuencia de la la explotación del denominado Arco Minero del Orinoco. Como Observatorio Universitario de Derechos Humanos nos preocupa la situación de destrucción ambiental de las áreas naturales de las universidades venezolanas, áreas que se destinan a actividades de  investigación, docencia y extensión, entre las que destacan la finca Judibana y la Reserva natural de Caparo, de la Universidad de Los Andes, que poseen un importante valor ecológico, y que a pesar de existir una sentencia judicial que protege las áreas, el Estado ha sido incapaz  ejecutarla y desalojar a los invasores, expresó la profesora Mayda Hocevar, directora del ODH ULA.
En esta carta abierta, las ONG hacen un llamamiento a los gobiernos para que firmen el acuerdo y a continuación adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en sus respectivos países. Ha sido firmada por 176 organizaciones nacionales, regionales e internacionales que trabajan por toda América Latina y el Caribe en áreas como derechos humanos, medio ambiente o desarrollo y democracia, entre ellas APC, Amnesty International, CIVICUS, CEJIL,  Freedom House, Front Line Defenders, Fund for Human Rights, Greenpeace OMCT, People In Need, Robert F. Kennedy Human Rights,  entre otras.
Aprobado el 4 de marzo en San José (Costa Rica) por representantes de 24 países, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en la región que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.
Nelson Rivas, investigador del ODH ULA recordó que la Oficina del  ACNUR señaló que : “El cambio climático, consecuencia de la destrucción ambiental,  llevará a las personas a una mayor pobreza y desplazamiento, lo que exacerbará los factores que conducen al conflicto, haciendo que las necesidades y respuestas humanitarias en tales situaciones sean aún más complejas. Desde el ODH ULA aplaudimos este tipo de iniciativas, pues es una oportunidad para que los Estados asuman su compromiso real en la implementación del Acuerdo de Escazú para la protección el medio ambiente”.
Los 33 Estados de Latinoamérica y el Caribe tendrán la oportunidad de firmar el acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York a partir del 27 de septiembre de 2018. Para que entre en vigor, al menos 11 países deberán firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020.