HAMBRE, SAQUEOS Y LEGÍTIMA DEFENSA

Es un hecho notorio y profusamente documentado que el gobierno de ideología castro-chavista que al margen de la Constitución comanda Nicolás Maduro Moros, no cumple con sus obligaciones de atender las efectivas realizaciones económicas y sociales que la sociedad demanda para el goce y disfrute de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional. Pero no sólo incumple los deberes de un gobernante, sino que, con sus acciones ilegales y su retórica maldiciente y rencorosa, erosiona los valores fundamentales de la convivencia ciudadana, propicia la actividad delictiva y llena a la población de más miedo, zozobra, incertidumbre y confusión.

La escasez de alimentos  y medicinas así como el deplorable funcionamiento de los centros de salud, atentan directamente contra el derecho a la vida. Todos los derechos humanos tienen como núcleo o centro el derecho a la vida, pero se trata del derecho a una vida digna y plena de humanidad. Resulta un sinsentido un derecho a la vida en la cual el derecho a la salud,  la alimentación, la educación, la libertad de expresión, etc., le son conculcados, ya sea por acción u omisión.

Entre las muchas consecuencias negativas generadas por las acciones y la retórica de la dictadura que hoy destruye a Venezuela, hay que resaltar el hecho de haber arruinado también la honradez y el sentido del honor en mucha gente, principalmente en los sectores más desposeídos y vulnerables.

Entendemos que frente al hambre desatada por este régimen funesto es difícil mantener la decencia y la cordura. Sin embargo, es importante destacar también que los saqueos son delitos penados por la ley, pues el saqueo constituye una apropiación ilegal de los bienes ajenos, lo cual constituye  un robo, y quien roba, hurta o se apropia de cualquier manera de lo que no es suyo, recibe el nombre de “ladrón” y entra en la categoría de delincuente.

El saqueador debe saber que su acción no es solamente una infracción a la ley, sino que es también moralmente abominable, porque  su accionar entra en contradicción con su propia condición humana, rebajándose a una condición de salvaje irracionalidad.

El saqueador debe saber que lo que se está robando es el fruto o resultado del trabajo y el esfuerzo de otras personas que, a pesar de las adversidades, luchan para producir bienes que les permitan la sobrevivencia suya y de su familia.

El saqueador debe saber que con su acción indigna pone en peligro su propia vida y la de sus seres queridos.

¿Por qué pone en riesgo su vida? Porque en la ley penal venezolana está instituida la “legítima defensa”,  en el artículo 65 del Código Penal vigente.

La “legítima defensa” es el derecho que tiene todo individuo de defender su vida y sus bienes, mediante el uso de la fuerza, en el momento en que su vida o sus bienes son atacados. De modo que el conductor de un camión que transporta alimentos o cualquier otra mercancía lícita, tiene derecho a defenderse. E igualmente, el dueño de un abasto o supermercado, el dueño de un rebaño de animales o de una huerta tiene el derecho  a defenderse. Esta defensa es realizable con los medios que la persona agredida tenga a su alcance.

De manera pues que quien se dedica al saqueo, corre el riesgo de caer abatido, y si logra sobrevivir cae en manos de los órganos de justicia y pierde su libertad. Es decir, se coloca a sí mismo en una situación de perder su vida o perder su libertad.

Pero, si bien existe una responsabilidad penal de la persona que incurre en el delito de saquear los bienes ajenos, también existe una responsabilidad directa e ineludible de los representantes del régimen, quienes han continuado y llevado a cabo el desmantelamiento económico, político, social, cultural y moral del país, iniciado por el difunto presidente Chávez Frías con el control cambiario, las expropiaciones en serie de empresas y fincas productivas, entre otros desatinos violatorios de la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico venezolano. Descalabro este que ha constituido la mayor violación masiva de los derechos humanos en toda nuestra historia republicana, colocando de este modo a la población en una situación desesperada.