A partir del año 1945, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en momentos en que los países industrializados comparten las experiencias traumáticas derivadas del conflicto bélico, se refuerza la expansión del proyecto desarrollista de la mano del modelo democrático que orienta el progreso socio–económico, sobre todo, de Occidente.
A finales de los años 50, la necesidad que tiene el Estado venezolano (que en medio de un clima de inestabilidad política y un violento proceso de fuga de capitales, dará a luz a la democracia) de asimilarse al proyecto modernizador, requerirá de la implementación de un conjunto de estrategias socio-económicas que le permitan al país ingresar en forma competitiva en el sistema capitalista mundial. Este proyecto propiciará el establecimiento de planes gubernamentales que refuercen el papel de las instituciones universitarias como un espacio de formación de los profesionales que desde sus respectivos campos disciplinares sumen esfuerzos para potenciar la economía nacional; poniéndose de relieve la necesidad de la autonomía universitaria, la gratuidad y masificación de la educación superior, lo cual queda refrendado en la Ley de Universidades de 1958.
El compromiso asumido por las universidades venezolanas a fin de apuntalar el proyecto modernizador del Estado democrático, descansará principalmente en la labor de los profesores universitarios. Se refuerza la pertinencia social y el carácter institucional de la profesión académica en cuanto a su función específica: la creación y trasmisión de conocimiento especializado, revalorizándose la premisa de la libertad de pensamiento en el desarrollo de las actividades de docencia e investigación.
Es así como la profesión académica irá revistiéndose de un mayor compromiso social, ampliando su presencia como segmento fundante en el ámbito laboral educativo.
Raúl O. García Castillo
