El informe preparado por la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) evidencia las graves violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Venezuela desde el 01 de abril al 31 de 2017.
Este miércoles 30 de agosto la ACNUDH publicó un informe apoyado en los relatos fidedignos y coherentes de las víctimas y testigos de violaciones y abusos de los derechos humanos donde se indica que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para impedir las manifestaciones, sofocar la disidencia e infundir temor. Este informe fue encargado el 06 de junio por la ACNUDH a un equipo con el objeto de documentar todas las violaciones de los derechos humanos, en el contexto de las protestas masivas en Venezuela, ocurridas entre el 01 de abril hasta el 31 de julio de 2017.
Cabe destacar que el gobierno nacional negó la autorización al equipo del ACNUDH para que realizara las actividades de monitoreo, por lo que el trabajo se hizo a distancia en la región. El trabajo consistió en la realización de 135 entrevistas con víctimas y sus familiares, testigos, representantes de organizaciones No Gubernamentales (ONG), periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público. También recibió información por escrito de la Defensoría del Pueblo y de la Misión Permanente en la República Bolivariana de Venezuela para las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Las principales conclusiones del ACNUDH en el mencionado informe ponen de manifiesto una situación de los derechos humanos, la cual es cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas (01 de abril de 2017), en las que se observan niveles más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al gobierno del Presidente Maduro. El ACNUDH constató que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones. También se documentó la existencia de patrones de malos tratos, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura, y violaciones graves del derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las personas detenidas en relación con las protestas.
Caso del Cierre de TV ULA es calificado como violación al derecho a la Libertad de Expresión por el ACNUDH
El Alto Comisionado delas Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre Venezuela ha calificado como violación al derecho a la libertad de expresión el cierre de ULA TV, que puede leerse así en dicho informe:
“… El 15 de junio, CONATEL cerró en el estado Mérida el canal universitario ULA TV, muy activo en la cobertura de Manifestaciones y de los problemas sociales. Este cierre, supuestamente, motivado por el incumplimiento de requisitos administrativos, ocurrió un par de semanas después de que el Gobernador de Mérida afirmara que ULA TV fomentaba el terrorismo” (Pág. 30. Puede descargar el informe completo haciendo click AQUÍ)
Lo cual evidencia que el gobierno ha adoptado un número creciente de medidas administrativas que se han introducido para el cierre de medios de comunicación o la imposición de medidas administrativas que intentan silenciar a estos medios, ello ha limitado sustancialmente el acceso a la información para un gran número de venezolanos, especialmente aquéllos sin acceso a Internet.
Patrones identificados en el estado Mérida reseñados en informe del ACNUDH
Además del cierre de ULA TV, es de destacar que el ACNUDH pudo identificar que en el estado Mérida se llevaron acabo allanamientos ilegales y violentos que fueron ejecutados en operaciones que causaron destrozos generalizados y personas detenidas, con el fin de intimidar a los residentes e impedir nuevos actos de protesta. Además se pudo evidenciar que los colectivos pro-gobierno armados (paramilitares) que actúan con la anuencia y en conjunto con las fuerzas de seguridad y que, según las cifras del ACNUDH, fueron responsables de la muerte de al menos 27 personas, cuatro de ellas en el estado Mérida, durante las manifestaciones. El informe también resalta la muerte de funcionarios de las fuerzas de seguridad durante las protestas en Mérida.
Finalmente el ACNUDH hace una serie de recomendaciones al gobierno nacional donde insta a que cese la represión violenta de las manifestaciones pacíficas, así como el cese inmediato del uso de la fuerza excesiva y desproporcionada. Se recomienda a la policía a que aplique técnicas del uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Así como también acabar con todas las detenciones arbitrarias. Se hace especial énfasis en condenar públicamente todos los casos de tortura y malos tratos, poner fin a estas prácticas e iniciar investigaciones rápidas, efectivas e independientes.
